El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en su nombre y en el de los consejeros homólogos de Galicia, Asturias y Cantabria, trasladó ayer por videoconferencia al comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius, las razones de su rechazo a la inclusión del lobo en el LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial). Consideran los consejeros que el modelo de gestión que se estaba llevando a cabo desde 2005 en estas comunidades autónomas mantenía un equilibrio entre lobo y ganadería extensiva y ha dado resultados satisfactorios en la población del lobo, que se ha venido incrementando en el norte del Duero, donde la Unión Europea permitía la caza; un incremento que ha desplazado población lobera al sur del Duero.

Se han aportado como datos contrastados el hecho de que la mayor densidad de lobos de España y una de las mayores densidades de lobo del mundo se encuentran en las reservas regionales de caza de la Sierra de la Culebra, Riaño y Fuentes Carrionas, donde se cazaban más de la mitad del cupo de lobos de toda Castilla y León.

También se han expuesto los datos sobre los ataques de lobos a la ganadería, que en 2019 fueron, al norte del Duero  -donde se concentra algo más del 80 % de la población y se controlaban los daños con la caza-, 450 ataques comunicados; mientras que al sur del Duero, donde no es posible el control de daños con la caza, con algo menos del 20 % de la población de lobos, el número de ataques fue de 2.130. El régimen del Sur es el que ahora el Gobierno de España ha trasladado al Norte.

Además, el consejero Suárez-Quiñones puso de manifiesto que la fuente de información de la Comisión Europea sobre la población del lobo ha sido errónea. Se refiere a un informe elevado a la Comisión por el Gobierno de España sobre el cumplimiento de la Directiva Hábitats, en el que figura que la población del lobo es desfavorable en España en el período 2013-2018. El consejero ha remarcado especialmente que esa conclusión es absolutamente errónea, dado que no se corresponde en absoluto con la realidad de los datos oficiales de población del lobo que tienen las cuatro comunidades autónomas, nunca requeridos por el Gobierno y sin que el Gobierno pueda disponer de otra información distinta dado que el último censo nacional que se realizó es entre los años 2012-2013. Y estos datos que poseen las comunidades autónomas son que el incremento de población es constante desde este último censo, algo que conoce bien el sector ganadero y que es notorio para cualquiera que conozca el medio rural.

Es por ello, que el consejero se comprometió a remitir a la Comisión Europea un informe completo sobre esta situación y sobre cuál es la realidad de la evolución de la población del lobo en Castilla y León y el resto de comunidades, totalmente favorable.

Finalmente, el comisario europeo, Virginijus Sinkevičius, agradeció el encuentro y consideró muy interesante la información trasladada, reconociendo que la cuestión es interna del Estado español, y la decisión adoptada por el Gobierno ha sido exclusiva suya. Asimismo, anunció que, aun siendo un tema interno del Estado, estaría pendiente de la evolución de la situación y de la decisión judicial que se pronunciase al respecto, de la que estaba al corriente.