El ministro de Agricultura, Luis Planas, presentó al Consejo de Ministros del 28 de diciembre, el Plan Estratégico para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España a partir del año 2023 que el Gobierno remitió al día siguiente a la Comisión Europea para su aprobación.

La PAC acompañará de forma particular a las explotaciones pequeñas y medianas haciendo uso de todas las medidas de redistribución a su alcance. Entre ellas, la limitación (“capping”) y reducción de la ayuda básica, que fijará el importe máximo de los pagos a 100.000 euros y prevé una reducción progresiva cuando supere los 60.000 euros. No obstante, para evitar distorsiones de empleo, se podrán descontar los costes salariales y laborales, en cualquier caso, ninguna explotación cobrará más de 200.000 euros de ayuda básica a la renta. También recoge el pago redistributivo de la ayuda a explotaciones de mayor tamaño a las pequeñas y medianas.

Además, el plan incluye otros aspectos especialmente relevantes en España como son la reducción de la brecha de género y el apoyo al relevo generacional, ya que como ha señalado el ministro está previsto que en la próxima década se jubilen las dos terceras partes de los agricultores en activo. Por ello ha destacado que habrá primas de hasta un 15% de las ayudas para la incorporación de jóvenes agricultoras y ganaderas. El ministro ha enfatizado que España ha sido pionera en proponer que la igualdad de género se recogiera como uno de los objetivos de la PAC.

Además, por primera vez se incorpora a la PAC la dimensión social y España, atendiendo a la importancia en nuestro sector de la presencia de asalariados, pretende hacerlo desde el año 2024, un año antes de lo previsto como obligatorio en el reglamento.

El ministro ha resaltado también que la nueva PAC fomenta la innovación y la digitalización del sector agrario, lo que redundará en una mejora de la rentabilidad de las explotaciones. El ministro ha recordado que aunque España es uno de los principales perceptores de ayudas de la PAC, el apoyo representa el 20% de la renta de los agricultores y ganaderos, cuando en otros países llega al 30%.

Reacciones

ASAJA de Castilla y León

Califica de “lesivo para la agricultura de Castilla y León” el Plan Estratégico de la PAC, destacando especialmente la definición de agricultor activo, el recorte presupuestario del 2%, la multiplicación de requisitos medioambientales, incluidos los nuevos ecoesquemas, el impacto negativo en la agricultura intensiva de regadío y la discriminación de modelos de agricultura y ganadería asociativa.

ASAJA Sevilla

Penaliza la diversidad productiva y supone un claro agravio para los agricultores y ganaderos andaluces que perderán más 450 millones de euros en el quinquenio 2023-2027: 750.000 hectáreas de secano perderán entre el 30 y el 45% de sus ayudas actuales, 700.000 hectáreas de olivar pierden más del 25% de las ayudas percibidas en el periodo actual y todo el regadío andaluz perderá entre un 25 y un 50% de sus ayudas.

Unión de Uniones

El Plan del MAPA no da apoyo suficiente a los agricultores y ganaderos profesionales, los que se dedican a la agricultura y ganadería como fuente principal de sus ingresos. Consideran que este apoyo debe ser más intenso cuanta mayor proporción de los ingresos totales del agricultor o ganadero provengan de la actividad agraria. La clave para mejorar la situación es una definición de agricultor activo centrada en la figura agraria profesional.

Lonja de León

Penaliza el cultivo del maíz ya que obligará a reducir las siembras por las obligaciones de rotación y diversificación de cultivos. En un contexto de libre mercado no es fácil entender que se adopten medidas políticas que obliguen a reducir las siembras de un cultivo del que España es deficitaria y que por razones económicas y agronómicas es el preferido por la mayoría de los agricultores leoneses.