La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha emitido un informe sobre el Anteproyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario que presentó el gobierno hace unas semanas. Entre otras cuestiones, establece que los productos con fecha de consumo preferente próxima a vencimiento o vencida se presenten separados con bajada de precios o se destinen a la donación. También se pretende la obligatoriedad de informar al cliente de un restaurante que puede llevarse, sin coste alguno, los alimentos no consumidos.

La CNMC valora positivamente esta normativa en términos generales, por cuanto que presenta beneficios para todos los eslabones de la cadena alimentaria (búsqueda de una gestión más eficiente de los recursos destinados a producir alimentos y valorización de aquellos). Pero también incluye indudables ventajas desde la óptica medioambiental (disminución en la generación de residuos, mejor gestión de los recursos hídricos) y social (fomento de las donaciones para consumo humano).

No obstante, considera que hay aspectos que se pueden mejorar, por lo que realiza las siguiente recomendaciones:

• Pacto que regule la donación a organizaciones sociales. Establecer un mínimo de asociaciones a las que consultar por parte del agente que realiza las donaciones. En cuanto a las Administraciones Públicas, se recuerda que sería preferente la utilización de procedimientos de concurrencia competitiva.

• Establecimiento de obligaciones para los establecimientos comerciales en función de su superficie. El anteproyecto establece que las comunidades autónomas deben concretar el tamaño de las superficies a las que afectarán algunas obligaciones, y se recuerda que debe hacerse de acuerdo a los principios de buena regulación. 

• Obligaciones para las Administraciones Públicas en materia de contratación pública. Incluir exigencias de reducción y gestión de los desperdicios alimentarios en la contratación pública de servicios de gestión alimentaria. 

• Utilización de productos que sobrepasen la fecha de consumo preferente. Mejorar la información ofrecida al consumidor sobre estos productos.

Por otra parte, el informe hace referencia a las adquisiciones de proximidad y la utilización de productos locales en la contratación pública. Se recuerda que, si los pliegos contemplan criterios de arraigo territorial, éstos no se pueden aplicar de manera discriminatoria, deben estar justificados por razones imperiosas de interés general, ser adecuados para garantizar la realización del objetivo que persiguen y no ir más allá de lo necesario para alcanzarlo.