LA UNIÓ de Llauradors informa que el sistema de alertas europeo del RASFF (autoridad de la Comisión Europea para la seguridad en alimentos) ha notificado desde septiembre hasta noviembre un total de 104 alertas de frutas y hortalizas con destino al mercado de la Unión Europea procedentes de Turquía, Egipto y Sudáfrica, por tener presencia de residuos de plaguicidas, entre ellos el Metil-clorpirifos y Clorpirifos prohibidos aquí, o por superar los Límites Máximos de Residuos (LMR) permitidos en el mercado comunitario.
De ese total de alertas, 92 corresponden a Turquía, 9 a Egipto y 3 a Sudáfrica. Casi la mitad del total de alertas de la RAFF, en concreto 51, se producen en los cítricos (14 en limones, 25 en mandarinas y 12 en naranjas). Y en cítricos, Turquía acapara 39 alertas, por 9 de Egipto y 3 de Sudáfrica.
Cabe señalar que el reglamento de ejecución 2021/1900 de la Comisión Europea, por el cual se incrementó la presión inspectora a determinadas frutas y hortalizas turcas (cítricos, pimientos, granadas, avellanas o harina) se publicó el pasado 3 de noviembre. No hace ni un mes y las detecciones en ese país han pasado de ser 28 en octubre a 51 en noviembre, quizás debido a ese aumento de los controles que se antoja por tanto aún insuficiente.
Ante esta situación de aumento de las detecciones, LA UNIÓ de Llauradors solicita al Gobierno español y a la Comisión Europea que se planteen suspender las importaciones de frutas y hortalizas de Turquía a los mercados comunitarios hasta que no pueda garantizar la seguridad alimentaria. Para el caso de Egipto debería pasarse de las inspecciones aleatorias de la actualidad a imponer el 20% como ocurre con Turquía ahora.
LA UNIÓ considera que el incremento del nivel de control a las producciones turcas no le ha disuadido en el uso de determinados plaguicidas que pueden poner en riesgo la salud humana, como bien ha enumerado a lo largo de varios Considerandos ya la Comisión Europea, debido a una posible contaminación por residuos de plaguicidas.
Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ de Llauradors, señala que “debemos exigir la reciprocidad fitosanitaria, no puede ser que a los productores europeos se les desincentive en el uso de plaguicidas para evitar riesgos a la salud humana y, sin embargo, luego las producciones de terceros países lleguen repletas de esos mismos productos fitosanitarios que nos prohíben emplear a nosotros. El riesgo para la salud de los consumidores europeos es el mismo y hay que actuar de la misma manera”.
A la vista de las pocas inspecciones y muchos rechazos cabe sospechar que entra mucha fruta a los mercados europeos con LMR altos o sustancias prohibidas, lo que supone un grave problema para la seguridad alimentaria y la salud de los consumidores europeos. Peris indica que “no entendemos como los productos agrícolas producidos en la Unión Europea deban cumplir con unos estándares muy exigentes e ir adaptándose a las exigencias de la nueva política de la granja a la mesa y, mientras tanto, se observan cada vez más alertas sanitarias desde la propia UE en las producciones procedentes de países terceros, a los que habría que cerrar su entrada sin las garantías suficientes de cumplir con los estándares europeos”.
En este sentido, la organización reitera que debe haber una homogeneización de los estándares de producción europeos con los procedentes de países terceros, desde los aspectos fitosanitarios hasta los sociales o democráticos. Hasta que esto no se cumpla, LA UNIÓ señala que se deberían suspender las importaciones de producciones procedentes de países terceros que no cumplan las normativas comunitarias.
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