Casi en el final del camino de las negociaciones de la nueva Política Agraria Común que regirá a nivel nacional a partir de 2023, desde Castilla-La Mancha se va a seguir manteniendo su posición, demandando una convergencia del 100% en este nuevo periodo de programación, “frente al 85% propuesto para 2026” en estos momentos por el Ministerio de Agricultura. Algo, que “para nosotros es insuficiente”. Así se manifestó ayer el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, tras mantener un encuentro de trabajo con los representes de las organizaciones profesionales agrarias, Asaja, UPA y COAG y Cooperativas Agro Alimentarias, donde se ha abordado esta reforma.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha recalcado que esta convergencia es insuficiente, porque “queremos que todos los agricultores de nuestro país, independientemente de donde estén, tengan el mismo trato y eso se consigue con convergencia total de las ayudas fundamental para Castilla-La Mancha”.

Así el consejero se ha mostrado en defensa de los intereses de un modelo de agricultura profesional, familiar, de pequeñas y medias explotaciones, que es la “base de nuestra economía” y que también comparten las Organizaciones Profesionales Agrarias y Cooperativas Agroalimentarias que han mostrado su total respaldo al consejero de Agricultura.

De esta forma, ha recordado que en Castilla-La Mancha se ha trabajado en estas negociaciones con la base del documento de posición de la región alcanzado con todos ellos en marzo de 2018, y ha apuntalado que para Castilla-La Mancha es necesaria que haya una PAC “valiente” y “bien orientada”, porque “somos una comunidad autónoma con casi el 50 por ciento del territorio dedicado a la agricultura y con más de tres millones de hectáreas de secano”. 

Ahora mismo, Castilla-La Mancha cuenca con la ayuda media por hectárea más baja de España. Algo que se va a cambiar, ha expresado Martínez Arroyo, “pero no nos vale, queremos llegar al máximo, porque es la oportunidad para hacerlo”.

En esta línea, ha reiterado su defensa y la del Gobierno regional de la agricultura y ganadería familiar en toda España. Y es que, de esta convergencia total, se beneficiarían todos los pequeños y medianos agricultores del país que tienen dificultades, como los que cuentan con secano en Murcia donde no llueve o los que tienen hectáreas en Castilla y León en Tierra de Campos un secano sin agua. Por todos, ha esgrimido, los agricultores y ganaderos necesitan “una PAC fuerte”.

Ecoesquemas y ayudas acopladas

Martínez Arroyo ha recordado que en la nueva PAC hay aspectos ya consolidados y otros en los que hay que mejorar, como es éste de la convergencia. En este sentido, ha mencionado los ecoesquemas, que serán el 23 por ciento de las ayudas, y de las ayudas acopladas, que supondrán el 15 por ciento del total de las ayudas.

Respecto a los primeros, el consejero ha explicado que en Castilla-La Mancha “queremos que los ecoesquemas respondan a los intereses de los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha” y que haya, “al menos, un ecoesquema válido para cada agricultor y ganadero y puedan percibir estas ayudas”.

En el segundo de los casos, se ha referido a que hay que conseguir avances en las ayudas acopladas, donde ya se cuenta con mejoras sustanciales respecto al periodo actual. Como ejemplo, ha puesto la ayuda acoplada al ovino y caprino, donde se producirá un incremento en las ayudas de “al menos el 17 por ciento para Castilla-La Mancha”, de la que van a poder disfrutar los ganaderos de extensivo. Y es que, ha remarcado el consejero, “el de ganadería extensiva es fundamental y queremos blindar la presencia en territorio y para eso sirve la PAC”.