Las organizaciones representativas del sector agrario de Andalucía ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias mantienen su convocatoria de movilizaciones indefinidas en el campo andaluz en contra de la convergencia brusca de la PAC. Así lo han manifestado a la conclusión del encuentro que mantuvieron ayer, seis meses después de que lo solicitaran, con el ministro de Agricultura, Luis Planas, para analizar el Real Decreto de transición 41/2021 para los años 2021 y 2022 y la propuesta para la reforma de la PAC 2023-2027.

Se trata de dos asuntos de enorme trascendencia para el futuro de Andalucía, primera región agraria de España, en la que se hallan el 34% de los perceptores de ayudas PAC y que aporta el 37% del Valor Añadido Bruto (VAB) agrario a la economía de España, dando empleo a más del 8% de la población ocupada andaluza(más del doble que la media nacional).

En el encuentro, los dirigentes de las organizaciones representativas del sector agrario de Andalucía han pedido al ministro que retire el Real Decreto de transición 41/2021, que no mantiene la convergencia paulatina de las ayudas establecida en la reforma de la PAC 2014-2020, que continúa en vigor hasta que no se negocie y se apruebe la nueva reforma.

Esta fue la tesis que los representantes de ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía trasladaron al ministro Planas el pasado 9 de octubre, tras conocer el borrador de Real Decreto de transición 41/2021 que fijaba una convergencia brusca de la PAC para un periodo que por su propia definición es transitorio, por lo que no cabe introducir cambios, ni fijar nuevos porcentajes de convergencia.

Esta convergencia brusca para los años 2021 y 2022 es tremendamente dañina para Andalucía. En concreto, de los 232.000 agricultores y ganaderos andaluces que reciben ayudas de la PAC en la actualidad, 80.000 perderán, al menos, un 10% en dos años. Además, la mitad de ellos, unos 40.000, sufrirán mermas de entre el 20% y el 50%.

Por otro lado, el Real Decreto 41/2021 supone la antesala de la reforma que comenzará a aplicarse a partir de 2023, todavía en fase de negociación, en la que se pasará de las 50 regiones actuales, reconocidas en la reforma 2014-2020 (por la gran diversidad agrícola y ganadera de España y de Andalucía) a las 5 o 7 que prevé el Ministerio, que impulsa un modelo de tasa plana que persigue eliminar los derechos nominativos de los agricultores y permitir la entrada en el régimen de ayudas de superficies que, salvo excepciones, nunca han producido.

Se trata de un cambio brusco, no exigido en estos términos por la Comisión Europea, y que en el peor de los escenarios puede conllevar pérdidas de hasta el 50% de los 1.300 millones de euros que reciben actualmente (entre pago básico y pago verde) los más de 232.000 perceptores de Andalucía. Sin olvidar que entre 54.000 y 120.000 de esos perceptores pueden quedar fuera del sistema de ayudas.

Las pérdidas afectan en mayor medida a aquellos profesionales que más han invertido -en regadío, tecnología, maquinaria, mejora de explotaciones y/o formación- y que son los que han generado unos derechos más altos.

Todos estos desajustes se producen en un contexto en el que siguen sin solución la mayor parte de los problemas que hace ahora un año llevaron al sector agrario a las carreteras. Tal como denuncian las organizaciones los agricultores y ganaderos siguen sin contar con las medidas que les permitan reducir sus costes, siguen con los precios de sus producciones por los suelos, siguen soportando la especulación y la falta de equilibrio de la cadena agroalimentaria así como la competencia desleal derivada de la entrada de productos de terceros países sin ningún control. Y además están sufriendo, cada vez con mayor frecuencia, ataques continuos e injustificados hacia su actividad.

Las organizaciones firmantes rechazan el Real Decreto 41/2021 de convergencia, por ser innecesario, porque condiciona el futuro de muchos agricultores y ganaderos en Andalucía y porque determina claramente las negociaciones de cara a la nueva PAC, y por tanto, han vuelto a solicitar al Ministerio de Agricultura su retirada para continuar con el ritmo de convergencia paulatino que se había acordado para el periodo actual.

Asimismo, y de cara a la nueva PAC de 2023, han exigido al Ministerio de Agricultura que respete el modelo actual, con el mayor número de regiones posible (lo que refleja nuestra diversidad productiva); que evite la eliminación de derechos; que reformule la redacción de la definición de agricultor genuino, para evitar la expulsión de muchos agricultores y ganaderos del campo, y por último, que adecue los nuevos ecoesquemas a la realidad productiva para frenar una mayor pérdida de renta de los agricultores y ganaderos.

Así lo han manifestado de forma unánime Ricardo Serra, presidente de ASAJA-Andalucía; Miguel López, secretario general de COAG-Andalucía; y Juan Rafael Leal, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía.

Los representantes de las organizaciones representativas del sector agrario en Andalucía han reiterado la convocatoria indefinida de movilizaciones que, tras las ya celebradas en Jerez de la Frontera y Córdoba, continúa mañana con una concentración ante la subdelegación de Gobierno de Málaga, y el próximo 15 de abril con otra concentración en la Plaza de España de Sevilla; y mientras todo siga igual, tras esta, llegarán otras en el resto de Andalucía. Los agricultores y ganaderos andaluces no están dispuestos a permitir ningún otro atropello.