Las organizaciones profesionales agrarias están haciendo una defensa cerrada de la posición de privilegio de una parte de sus representados, oponiéndose a cualquier modificación que los debilite en las Ayudas Directas de la PAC. Ciertas autoridades territoriales, también están mostrando su rechazo al cambio.

La reforma de la Política Agraria Común para el periodo 2023-2027 plantea una convergencia en la cuantía de pagos que realiza una redistribución, un reequilibrio en la distribución de los pagos. La Fundación Savia le ha remitido una carta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, expresando su respaldo hacía esa convergencia real que está generando un debate bastante polémico y donde le plantea “¿es qué queremos continuar con el actual desequilibrio entre regiones? ¿O estamos dispuestos a reconocer todos de forma clara esta realidad como primer paso para cambiarla y mejorar la justicia de la aplicación de la PAC en nuestra tierra?”

El último informe de la ONU, sólo se han cumplido un 0,5% de los objetivos planteados para la lucha contra el cambio climático, una lucha a la que se suma el Pacto Verde Europeo, una herramienta en la que debe apoyarse la futura PAC, que anteriormente ha podido contribuir “lastimosamente” a la despoblación, pues una gran cantidad de los fondos agrarios han tenido como destino las grandes y medianas ciudades y no el medio rural. “El municipio de Madrid (con 101 explotaciones) recibe 206 millones de euros de los fondos agrarios”.

Actualmente, España tiene “50 Regiones productivas con diferencias en los valores medios de las ayudas por hectárea difíciles de asimilar”, afirma Savia, y añade que las diferencias reales en el reparto dentro de cada una de las regiones son “estrambóticos”. Ponen como ejemplo la Región 09.02 de cultivos permanentes, “el intervalo va desde los 0,76 a los 20.063,39 €/ha”, aseguran en su misiva.

La organización manifiesta que “algunos olivares de Jaén, recogidos en dos de las tres de las regiones productivas de cultivos permanentes, se encuadran en:

• “19.02” en la que están los olivares de las Sierras de Segura y Cazorla, y los del Condado, olivares tradicionales de sierra, en general de secano, sobre suelos en pendiente, poco desarrollados; en resumen, producciones cortas y coste de cultivo altos ya que es muy difícil la mecanización de las labores, especialmente la recolección. Con los precios actuales medios del aceite no se cubren gastos, el pago directo medio es de 338´31 €/ha.
• “21.02”, olivares de La Loma, también tradicionales, pero sobre suelos de campiña y con una alta proporción en regadío, producciones mucho más altas, costes por aceite producido mucho menores, con rentabilidad positiva. La subvención media es de 503´81 €/ha”.

La entidad lo denomina como discriminatorio según el modelo de producción y del territorio, y aportan datos de uno de los estudios de costes del olivar de la Asociación de Municipios del Olivo (AEMO), donde en el cálculo de la rentabilidad de cada uno de los tipos de olivar, “mantienen la cuantía de la ayuda directa de la PAC como un tanto fijo por unidad de peso de aceite (0´90 €/Kg de aceite), igual para todos, se trate de “olivar tradicional de secano no mecanizable” o “intensivo de riego” o cualquier otro”.

La Fundación Savia sostiene que el actual sistema de reparto de ayudas contribuye a incrementar la desventaja de las zonas con más dificultades y no encaja con los objetivos declarados de la futura PAC, con mantener el incremento de la competitividad, con el apoyo al relevo generacional, ni con mantener las zonas rurales vivas.

El tejido socieconómico de las zonas rurales necesitan que la nueva PAC establecer una convergencia real y “acabar definitivamente con los privilegios”, concluyen su escrito desde Savia.