La consejera de Agricultura de la Junta de Extremadura, Begoña García, dio ayer una rueda de prensa para anunciar que el Tribunal Supremo les ha vuelto a dar la razón en la “férrea” defensa que ha hecho por el sector del cava extremeño.

Se trata de una sentencia firme por la que el Supremo anula dos artículos del real decreto ministerial en el que se eliminaba la consulta que debía hacer el Mapa a la comunidades autónomas a la hora de restringir las plantaciones de las denominaciones de origen de cava. 

La Junta de Extremadura recurrió dicho texto al considerar que se materializaba un “relevante e inexplicable” protagonismo del Consejo Regulador, que quedaba como encargado de adoptar la decisión sobre qué limitaciones de nuevas autorizaciones para plantaciones de cava se iban a tomar.

Con esta anulación emitida en la sentencia del TS, el Ministerio de Agricultura ahora está obligado a consultar a las comunidades, siendo el propio Ministerio quien restrinja la producción o no, pero siempre de una manera motivada, con informes y consultando a las partes implicadas.

La Junta de Extremadura solicitará que sean declaradas nulas las restricciones de cultivo de Cava D.O de Extremadura, efectuadas en los años 2020, 2021 y 2022, tras la sentencia del Tribunal Supremo y, en consecuencia, pedirá la concesión para cultivar nuevas hectáreas en los tres próximos años.

La sentencia del Tribunal Supremo estima íntegramente el recurso del Gobierno de la Junta de Extremadura, declarando la nulidad de la reforma y condenando en costas a la Administración del Estado, a la Organización Agraria Unión de Uniones y al Consejo Regulador de la DOP Cava.

Las reacciones de las organizaciones agrarias no se han hecho esperar:

APAG Extremadura Asaja y APAG Asaja Cáceres han pedido la dimisión del ministro de Agricultura, Luis Planas, por haber permitido una injusticia tan grande como que una región pudiera decidir, de manera unilateral, sobre unos derechos que afectaban al conjunto del país. El RD recurrido permitía que Cataluña podía decidir cuánto y cómo se podía plantar en Almendralejo.

UPA-UCE Extremadura celebra la sentencia del cava que pone fin a la discriminación que sufrían los viticultores extremeños desde hace varios años. Destaca que Extremadura tiene potencial suficiente para aumentar la producción de cava.

AVA-ASAJA considera que la sentencia es justa, lamenta que la Generalitat Valenciana no recurriera la decisión tal como hizo la Junta de Extremadura y pide al Mapa que no permita que un territorio decida por todos, en este caso Cataluña –cuyas bodegas copan los asientos del consejo regulador de la DO– sobre otras zonas productoras como Requena (la Comunitat Valenciana) o Almendralejo (Extremadura).

Mientras la superficie catalana dedicada a uva para cava apenas puede seguir creciendo y, de hecho, su mercado disminuye durante los últimos tiempos, el cava valenciano y extremeño ha venido disfrutando de una demanda creciente, señalan desde AVA-ASAJA. Requena se ha erigido como la segunda zona productora después de Cataluña con unas 4.000 hectáreas, pasando en los últimos 15 años de 1,5 millones de botellas a más de 9 millones. Sin embargo, las grandes firmas del cava han recortado un 40% los precios en origen desde 2019 y ponen en peligro la viabilidad de una interesante alternativa de cultivo en esta zona valenciana del interior.