El secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, se reunió ayer por videoconferencia con los representantes de las comunidades autónomas para analizar la situación actual del sector vitivinícola y poner en común las posibilidades de actuación que el nuevo paquete legislativo de la Unión Europea (UE) otorga a los Estados miembros como consecuencia de la COVID-19.

Los textos reglamentarios de próxima aprobación permiten prorrogar las flexibilidades aprobadas el pasado año en relación con la gestión del Programa de Apoyo al Sector de Vino (PASVE) y que se han incorporado ya a un proyecto de Real Decreto en tramitación y que se publicará en breve.

Ha informado de que uno de los proyectos de reglamento que se están tramitando en Bruselas, permite a los Estados miembros adoptar otra vez, si lo consideran oportuno, medidas excepcionales de gestión de crisis, en forma de destilación o de ayudas al almacenamiento privado, con cargo a los fondos del PASVE de 2021. No se ha redactado aún por parte del ministerio ningún proyecto normativo en relación a esta cuestión.

Ha recordado el importante esfuerzo realizado el pasado año que ha permitido destinar 85,36 millones de euros del ejercicio 2020 a medidas excepcionales, como la destilación de crisis, las ayudas al almacenamiento privado y la cosecha en verde.

El PASVE del actual ejercicio 2021 prevé ya otros 6 millones de euros que se abonarán en concepto de cosecha en verde para actuaciones realizadas en la pasada vendimia. En total, se han destinado más de 91 millones de euros a medidas de crisis, lo que ha supuesto que muchas solicitudes de apoyo presentadas el año pasado por los operadores en el ámbito del resto de las medidas del PASVE (promoción, reestructuración y reconversión de viñedos e inversiones en bodegas) se tendrán que financiar con fondos del actual ejercicio 2021.

Esta situación limita las disponibilidades presupuestarias para eventuales  medidas excepcionales, puesto que la Comisión Europea no ha dispuesto fondos adicionales con esta finalidad.

En la campaña actual se registran unas disponibilidades de 82,5 millones de hectólitros, con una producción de vino y mosto de 45,8 millones de hectólitros. El sector de los vinos con denominación de origen e indicación geográfica protegida continúa afectado por las restricciones en el canal Horeca como consecuencias de la COVID-19.

En este escenario, el ministerio y las comunidades autónomas han analizado las distintas posibilidades ante una eventual aplicación de nuevas medidas, valorando el impacto presupuestario en las medidas actuales, así como la posible eficacia de cada una de ellas en lo que se refiere a la situación creada por las consecuencias de la crisis sanitaria. También se han mencionado otras posibles medidas regulatorias que permitan reducir la oferta de vino y mosto como la recogida en la norma de comercialización prevista en el artículo 167 del Reglamento de la Organización Común de los Mercados Agrarios (OCMA).