LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders informa de una oleada de robos en explotaciones porcinas de la zona norte de la comarca de la Serranía, sobre todo en Alpuente y alrededores, con grandes dificultades además posteriormente para las personas afectadas de interponer las correspondientes denuncias. En este sentido, LA UNIÓ ha remitido un escrito a la Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, informándola de estos hechos que afectan a la seguridad en el ámbito rural de esa zona, e instándole a investigar los mismos.
Desde aproximadamente principios de octubre se vienen repitiendo de forma reiterada y repetitiva robos en granjas de engorde de cerdos de la zona de Alpuente y alrededores, por lo que LA UNIÓ reclama más vigilancia.
Los robos de los que se tienen conocimiento se han realizado en al menos cinco granjas, donde se ha sustraído todo tipo de utensilios necesarios para realizar la actividad económica de cría y engorde de cerdos como pueden ser baterías, herramientas de mantenimiento, etc. hasta el robo de los animales con los problemas que esto último ocasiona a las personas afectadas porque al producir en sistema de integración vertical, los animales son de las empresas integradoras a las que se les debe justificar la pérdida de estos animales.
LA UNIÓ ha detectado enormes dificultades para interponer la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil para conocimiento y actuación de los efectivos de los Grupo ROCA. En estos últimos casos, se ha tardado, por ejemplo, hasta cinco días en interponer las denuncias debido a la falta de personal y horario de atención insuficiente que existe en los cuarteles de Chelva y de Aras de los Olmos.
Por todo ello, la organización insiste en la necesidad de incrementar los presupuestos destinados a la seguridad en el ámbito rural, con las mismas obligaciones que los habitantes de las zonas urbanas, pero también con los mismos derechos. Así, LA UNIÓ propone reforzar los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, particularmente los equipos ROCA, para aumentar la seguridad en el medio rural y combatir los robos en las explotaciones agrarias. También propone que la administración publicite un protocolo de actuación en el caso de que se produzcan entradas ilegales en las granjas ante los riesgos que estas entradas suponen para la salud y el bienestar de los animales y el cumplimiento de la normativa de bioseguridad. Ambas propuestas van ligadas al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11.1 que contempla “asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles.
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