El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (MITECO) está trabajando en la catalogación de la tórtola común como “especie vulnerable”, lo que supondría prohibir su caza y dar continuidad al plan anticaza trazado por el Ministerio de Teresa Ribera, que en los últimos meses también ha obviado los intereses del sector cinegético en la votación del Reglamento REACH sobre el uso de la munición de plomo en humedales, denuncia Ignacio Valle, presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC),.

Esta conducta del Ministerio de Teresa Ribera choca frontalmente con el Plan de Caza Adaptativa puesto en marcha por la Unión Europea y cuyo objetivo es impulsar, con 250.000 euros, un proyecto para la caza sostenible de esta especie.

De esta manera, el Ministerio de Transición Ecológica ignora un proyecto científico en el que participan varios organismos de España, Francia y Portugal, liderado por el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) y que cuenta con la participación de varias entidades del ámbito científico, señala Valle.

El sector cinegético nacional considera esta conducta una gravísima traición del Ministerio de Transición Ecológica, personificado en la figura de Teresa Ribera.

“La deslealtad de la ministra Ribera con todas las entidades que participan en el proyecto científico de caza adaptativa impulsado por Europa responde a un único interés: ignorar la ciencia para imponer los criterios ideológicos y morales de las grandes siglas ecologistas y anticaza”, señala Ignacio Valle, quien anuncia que la RFEC y todas las Federaciones Autonómicas de Caza van a iniciar una ronda de contactos, tanto con sus respectivos gobiernos autonómicos como con el PSOE, para dar a conocer el malestar del sector y las posibles consecuencias de la actitud anticaza del Ministerio de Transición Ecológica.

Cabe destacar la postura del Ministerio de Transición Ecológica en la votación del Reglamento REACH sobre el uso de la munición de plomo en humedales ante la Comisión Europea, en la que el Gobierno Español no sólo no defendió los intereses de casi un millón de cazadores españoles, sino que no dudó en dar su apoyo a un texto legal que viola sus derechos fundamentales.