El Pleno del Parlamento Europeo aprobó el viernes su posición sobre la reforma de la política agrícola a partir de 2022. El Consejo ya aprobó su posición el miércoles pasado, por lo que en breve se iniciarán los Trílogos, reuniones a tres bandas entre Consejo, Parlamento y Comisión para consensuar una posición común.

¿Qué es lo que ha decidido el Parlamento?

Si la posición del Consejo ya tenía altos objetivos medioambientales, la posición del Parlamento Europeo los tiene todavía más elevados:

Planes estratégicos: a favor de estos planes, que tendrán que redactar los gobiernos nacionales y ser aprobados por la Comisión Europea, quien tendrá que verificar los resultados obtenidos.

Condicionalidad: obligación de cumplir una condicionalidad reforzada para poder cobrar los pagos de la PAC.

Condicionalidad social: los agricultores tendrán que cumplir con la normativa laboral de sus Estados miembros para cobrar las ayudas de la PAC.

Ecoesquemas: dedicar obligatoriamente a los ecoesquemas un 30% del presupuesto del primer pilar (el Consejo apoya un 20%).

Medidas agroambientales: destinar un 35% del presupuesto de Desarrollo Rural a las medidas agroambientales y de bienestar animal.

Ayudas contra el cambio climático: destinar un 30% de los fondos europeos a ayudar a los agricultores a combatir el cambio climático, gestionar los recursos naturales de forma sostenible y proteger la biodiversidad.

Incentivo al paisaje: incentivar a los agricultores para que reserven un 10 % de sus tierras a elementos paisajísticos beneficiosos para la biodiversidad, como los setos, los árboles no productivos o los estanques.

Degresividad y limitación de los pagos (capping): obligatoriedad de reducir progresivamente la cuantía de los pagos directos a partir de más de 60.000 € anuales y limitarlos a 100.000 euros anuales por explotación (el Consejo aboga porque esta medida sea voluntaria para los países). Los agricultores podrían deducir el 50% de los sueldos relacionados con la agricultura de las ayudas obtenidas para determinar los topes.

Pequeñas y medianas explotaciones: destinar, al menos, el 6% del presupuesto del primer pilar para apoyar a los agricultores de pequeñas o medianas explotaciones. Si es utiliza para este colectivo más del 12% del presupuesto, el capping pasaría a ser voluntario.

Jóvenes: destinar, al menos, el 4 % del presupuesto del primer pilar para apoyar a los jóvenes agricultores (el Consejo apoya un 2%). Los jóvenes agricultores serán prioritarios para obtener ayudas de Desarrollo Rural para inversiones.

Lista negra: excluir de las ayudas a quienes gestionen aeropuertos, servicios ferroviarios, instalaciones de abastecimiento de agua, servicios inmobiliarios o instalaciones deportivas y recreativas permanentes

Crisis de mercado: establecer una estrategia de intervención para cada producto agrario.

Observatorio: obligación de establecer un Observatorio de mercado para los grandes sectores de la PAC.

Reserva de crisis: establecer una reserva como instrumento permanente, para ayudar a los agricultores ante la volatilidad del mercado, con un presupuesto inicial de 400 M€ y un tope de 1.500 M€.

Intervención pública: se amplía la lista de producciones que pueden ser objeto de intervención pública al azúcar, carne de ovino, carne de porcino y pollo. También se amplía el período de disponibilidad de la intervención pública a todo el año.

Normas de comercialización: se reforman las normas de comercialización para carnes de ovino, caprino porcino, caballo y conejo.

Competencia: las prácticas beneficiosas para el medio ambiente y la sanidad o el bienestar de los animales no tienen que estar sujetas a las normas sobre competencia.

Sanciones: aumento de las sanciones contra incumplimientos reiterados de condiciones UE sobre medio ambiente o bienestar animal. La reincidencia supondrá una reducción del 10 % del importe total de los pagos (frente al 5 % actual).

Mecanismo europeo de reclamación ad hoc: para proteger a los agricultores que sufran un trato injusto o estén en situación de desventaja ante las subvenciones de la UE, en los casos en que el gobierno nacional no haya tramitado bien su reclamación.

Autorizaciones del viñedo: se prolonga hasta el 31 de diciembre de 2050 (el Consejo acordó una prórroga hasta 2040). La Comisión tendrá que evaluar su funcionamiento en 2023 y después, cada 10 años.

Vino: se han incluido normas de clasificación de las variedades de uva de vinificación, así como normas de etiquetado y presentación en el sector vitivinícola. Se refuerza el sistema europeo de Indicaciones geográficas para el vino y otras producciones agrícolas.

Reventa a pérdidas de productos agrícolas: se introduce este concepto.

Fondos POSEI: se rechaza el recorte del 3,9%, propuesto por la Comisión Europea, de fondos en el Reglamento POSEI (el Consejo no acordó nada en este sentido).