El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó ayer la Orden por la que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural aprueba la modificación del Reglamento del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida ‘Lenteja de Tierra de Campos’.

Desde que en el año 2004 se creó esta Indicación Geográfica y se aprobó su primer Reglamento, se han producido cambios significativos, tanto en términos legales como técnicos, incluida la propia modificación del nombre pasando de ‘Lenteja pardina de Tierra de Campos’ a ‘Lenteja de Tierra de Campos’. Por todo ello era necesario aprobar un nuevo reglamento para este Consejo Regulador.

Entre las novedades respecto a la regulación actual se incluye un tratamiento administrativo más simplificado y homogeneizado en lo que respecta a la incorporación de los operadores al régimen de calidad y se acortan los plazos para la tramitación.

Desde el punto de vista de garantías al consumidor, la IGP estará sometida a rigurosos controles de calidad. En primer término, el control oficial lo realizará el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) aunque se deja abierta la posibilidad de delegar tareas de control en entidades de certificación acreditadas.

Además de afrontar este cambio imprescindible, el nuevo texto incluye novedades importantes que permitirán un funcionamiento más ágil del Consejo Regulador. Destacan especialmente:

• la aprobación de las cuotas por la prestación de servicios públicos del Consejo Regulador, con lo que se configura un régimen de financiación adecuado que hace posible el ejercicio de sus funciones
• se actualiza el funcionamiento de los registros del Consejo Regulador de productores y parcelas, almacenes e industrias envasadoras, lo que permitirá una gestión más eficaz de este importante instrumento de control y una mayor implicación de los operadores mediante la declaración responsable.

Con esta nueva reglamentación se pretende una gestión más moderna de la Indicación Geográfica Protegida, atribuyendo una mayor responsabilidad a los operadores y la implantación de sistemas de control más eficaces y con mayores garantías para los mercados y los consumidores.