El Servicio Jurídico de COAG Castilla y León ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia la ejecución forzosa de la sentencia número 1153/2016, dictada el veinte de julio de dos mil dieciséis en el procedimiento 1185/2013, ganado por la Alianza UPA-COAG y gracias al cual los cultivadores cobraron el pasado año, con los intereses legales correspondientes, la ayuda de 3 euros por tonelada de remolacha entregada en la campaña 2011/12.

El objeto de esta solicitud es invalidar la Resolución de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria por la que se deniega el pago de la ayuda a ciento veintiséis beneficiarios por causa de que los solicitantes habían fallecido con anterioridad a la propuesta de resolución de pago, que cose retrasó hasta el 2019 por la pendencia del procedimiento judicial apuntan desde Coag.

La organización solicita a la Junta que pague a los herederos de los solicitantes o al menos, los indemnice, porque la responsabilidad en el retraso del pago es imputable únicamente a un acto de la Administración, que acordó el archivo de los expedientes de ayuda, medida que fue declarada contraria a derecho por la Justicia.