Los datos oficiales apuntan la significativa reducción de las solicitudes únicas de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) en Castilla y León. En esta campaña 2020, recién concluida, se han registrado 67.709 solicitudes, 30.541 menos que hace una década, lo que significa una disminución del 31 por ciento desde 2010, señalan desde ASAJA Castilla y León.
El descenso es apreciable en toda la Comunidad Autónoma, con porcentajes que oscilan entre el 24 y casi el 40 por ciento, según provincias. Además, hay que tener en cuenta que unas 6.816 solicitudes se acogen al régimen simplificado (importes inferiores a 1.250 €), un grupo en el que predominan perceptores que tienen la agricultura como renta complementaria, con lo que se reduce aún más el número de titulares que son profesionales del sector.

Esa profesionalización explica por qué no desciende la superficie declarada: aunque este año hay 1.875 solicitudes menos que el anterior, la superficie se mantiene prácticamente igual, sumando alrededor de 5,2 millones de hectáreas, sumando cultivos herbáceos, barbechos y pastos permanentes. Es decir, se mantiene el mismo nivel de actividad, gracias a una mayor eficacia de los recursos.
Aunque el número global de PAC presentadas en Castilla y León ha descendido, por el contrario, ha aumentado el número de expedientes presentados desde ASAJA, sumando 12.928 en la Comunidad Autónoma, lo que confirma su liderazgo como organización, y a gran distancia del resto, señalan desde la organización.
De los que solicitan actualmente la mayoría son gente que también cobra de la S. Social, o sea, cobran pensión, PAC y cosecha, no pagan S. Social y cuando acaban las labores del campo se van de vacaciones pagadas por el IMSERSO . Gente con derechos de pago básico de más del doble de precio que los que posee el agricultor de 43 años que siembra la finca de al lado. En Francia ha propuesto que los mayores de 70 años no cobren PAC, si en Castilla no se aplica eso, en 15 años no quedaran agricultores. Los jóvenes por ruina del negocio y los jubilados por defunción