La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) denuncia la ofensiva iniciada por determinadas industrias lácteas durante las últimas semanas para justificar una agresiva revisión a la baja de los precios pagados al ganadero en los nuevos contratos de primavera. Los efectos del COVID19 están siendo utilizados como excusa para romper la ligera tendencia al alza del último año (+3% entre febrero de 2019 y febrero de 2020), tras un crítico lustro en el que se han perdido 4.800 granjas familiares. Si se materializaran las intenciones de las industrias, se pondría contra las cuerdas al 25% de los ganaderos/as, más de 3.000 pequeñas y medianas explotaciones familiares, de las 12.686 que existen en la actualidad.

Sin embargo, los datos reales no indican una situación de grave desajuste entre la oferta y de leche y productos lácteos en nuestro país. Un informe técnico elaborado por el Departamento de Ganadería de COAG, sobre la base de los últimos datos oficiales relativos a producción, consumo y exportación, desmonta el relato de la industria para justificar una reducción de los precios de la leche en origen. «Se llama ESPECULACIÓN y no podemos tolerarla en ningún caso y menos ahora. Los ganaderos llamamos a la responsabilidad de industria y distribución para que refuercen su apuesta por la producción de nuestro país en un momento en el que todos los eslabones de la cadena deben seguir comprometidos con el abastecimiento de productos lácteos de máxima calidad a todos los ciudadanos/as. Este compromiso debe traducirse en la formalización de contratos  en el sector a un precio justo y que cubra los costes de producción, en el estricto cumplimiento de la normativa vigente y en la puesta en valor del producto de proximidad», ha subrayado Gaspar Anabitarte, responsable del sector lácteo de COAG.

En ese sentido, desde COAG se insta a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) a que extreme los controles en el ámbito de sus competencias para la detección de los posibles incumplimientos de la normativa (Ley de Cadena Alimentaria y Paquete lácteo), al tiempo que se ofrece toda la colaboración de esta organización para materializar cualquier práctica comercial abusiva en la denuncia  y sanción pertinente. Asimismo, se pide al Ministerio de Agricultura que actualice de manera urgente los estudios de costes de producción ECREA y RENGRATI para que los productores cuenten con una referencia para las negociaciones en curso con las industrias. Esta organización recuerda que los últimos estudios de referencia del Ministerio de Agricultura (2017) fijan  los costes de producción medios en 0,37 euros/litro. Imponer precios por debajo sería ilegal y sancionable.