Las cooperativas del sector vitivinícola de los principales países productores de la UE, España, Francia e Italia han acordado en una videoconferencia celebrada ayer, solicitar a la UE el desencadenamiento de una destilación de crisis, que incluya el alcohol para uso sanitario, activar el almacenamiento privado para retirar del mercado vinos de alta calidad y valor añadido con la posibilidad de ponerlo en el mercado cuando la crisis termine, y una mayor flexibilidad en la aplicación de las medidas del programa de apoyo al sector vitivinícola, todo ello financiado con nuevos fondos del presupuesto comunitario.

Las tres organizaciones, Cooperativas Agro-alimentarias de España, Cooperation Agricole y la Alleanza Italiana delle Cooperativa, que representan el 50% de la producción europea y el 25% a nivel mundial, han subrayado la necesidad de adoptar de forma inmediata medidas excepcionales para evitar una mayor caída del mercado y facilitar que agricultores y cooperativas puedan mantener su actividad cuando esta crisis vaya remitiendo. De lo contrario la capacidad productiva de la UE, el empleo de las zonas rurales y el papel del sector contra el cambio climático estarían en peligro.

La crisis COVID-19 se ha añadido a una situación ya complicada para los productores y cooperativas vitivinícolas en la UE, debido a los aranceles impuestos por EEUU desde el mes de octubre pasado y por la bajada del mercado chino en un primer momento y luego en el resto del mundo.

Las tres organizaciones europeas han pedido a la Comisión Europea que estas medidas estén dotadas de un presupuesto proveniente de nuevos fondos europeos, acorde con la demanda de destilación, estimada en 10 millones de hectolitros, y de almacenamiento, además de que el estado miembro tenga la posibilidad de complementar el precio de la destilación y almacenamiento. Junto a estas dos medidas, han solicitado flexibilizar la aplicación de los planes nacionales, tanto en medidas como en presupuesto por anualidad, para adaptar dichos planes a las necesidades actuales de cada país.

Desde la crisis COVID-19, se han movilizado 3,4 billones de euros en distintas propuestas, como medidas fiscales nacionales, medidas de liquidez, programa SURE, medidas del Banco Europeo Inversiones etc. En este sentido, las tres organizaciones hacen un llamamiento al Colegio de Comisarios para que dedique una partida del presupuesto UE acorde con las necesidades actuales del sector vitivinícola para que pueda mantener su actividad después de esta crisis.

El sector agrario ha sido considerado prioritario durante esta crisis, suministrando alimentos sanos y seguros y abasteciendo las necesidades de los consumidores, y por ende hay que dotarlo de presupuesto y medidas para que siga ejerciendo su actividad, que se ha demostrado fundamental para asegurar el abastecimiento de alimentos a la sociedad y la sostenibilidad en las zonas rurales.