Actualmente, existe una notable diferencia entre la UE y los países de Mercosur en cuanto a los costes de producción agrarios. Estas diferencias se deben a varios factores, entre ellos, el precio de la mano de obra, que volverá a subir con el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, y los costes adicionales derivados de las exigencias europeas sobre el medioambiente y clima, el bienestar animal y la seguridad alimentaria. “Los europeos hemos decidido tener un modelo agrario sostenible y ético” manifiestan responsables de Unión de Uniones, “y, sin embargo, lo dejamos desprotegido frente a lo que nos viene de fuera sin esas garantías”

El diferencial de costes, confirmado por los estudios de la Universidad de Wageningen (Países Bajos), es importante en las producciones afectadas por el principio de acuerdo, firmado en junio de 2019. Así, producir un kilo de pechuga de pollo en la UE cuesta 3,32 euros, mientras que en Brasil supone 2,07 € o en Argentina 2,72 €. En lo que respecta a España, el estudio estima que el coste de producir un kilo de pollo, en términos de peso vivo, es un 30% mayor que en Brasil y un 15% mayor que en Argentina.

Unión de Uniones también ha constatado estas diferencias en el caso de la carne de vacuno. Los datos revisados muestran que el coste medio de producción de terneros para cebo en España se sitúa en los 3,86 €/kg, mientras que en Argentina se sitúa en 1,61 €/kg y en Brasil en 2,04 €/kg. es decir un 140% y 89% más, respectivamente, según recoge Unión de Uniones.

“Los ganaderos brasileños o los argentinos no son más listos que nosotros, ni hacen mejor las cosas… simplemente su sistema productivo no está tan condicionado como el nuestro” explican desde la organización, colocando a estos sectores en la imposible situación de competir frente a las 180.000 toneladas de ave o las 166.000 toneladas de vacuno que entrarían en la UE gracias a las reducciones arancelarias si el acuerdo Mercosur se hace realidad. 

Asimismo, el acuerdo se “olvida” de otros productos sensibles a la liberación del mercado con Mercosur, como son los cítricos y los zumos, claves en la estructura productiva española.

Por todo ello, la organización reclama que quien tiene que dar luz verde a este acuerdo en nombre del Estado español, el Parlamento, cuente con un estudio pormenorizado de las consecuencias que podría tener en el sector agrario estatal y que éstas se estudien en una Comisión especial creada en las Cortes al efecto para debatir este tipo de tratados, en la que se propongan también al Gobierno soluciones para compensar sus consecuencias.