El Consejo de Ministros autorizó el viernes, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, la celebración del contrato de servicios de revisión de la seguridad y análisis de la documentación de la seguridad de las presas y balsas de concesionarios en las cuencas hidrográficas intercomunitarias, por un valor estimado de 17.888.257,98 euros.

En la actualidad el número de grandes presas en nuestro país supera las 1.200, con una capacidad de almacenamiento aproximada de 56.000 hm3. De éstas, más de la mitad son anteriores a 1960 y más de 100 ya existían en el año 1915. Se da la circunstancia de que una parte de ellas son de titularidad privada (concesionarios), que históricamente no han dispuesto de los numerosos recursos técnicos y económicos necesarios para una conservación y mantenimiento adecuados.

La necesidad y utilidad del parque de presas se contrapone, en ocasiones, a su nivel de mantenimiento. A este factor se suma el aumento de episodios de lluvias intensas a consecuencia del cambio climático, que superan los criterios de seguridad para las que fueron diseñadas.  

Estas circunstancias imponen la necesidad de dar un importante impulso a las actuaciones necesarias para la conservación y rehabilitación de estas infraestructuras, manteniéndolas en unas adecuadas condiciones de explotación y seguridad.

Las Comisarías de Aguas de las Confederaciones Hidrográficas son las encargadas de la vigilancia e inspección de las presas de titularidad privada, que representan, aproximadamente, el 75% de las grandes presas construidas en nuestro país. El efectivo cumplimiento de esta competencia, la relevancia demostrada en ocasiones anteriores y la dimensión de los riesgos asociados a una deficiente explotación y mantenimiento de estas infraestructuras, justifican la licitación del presente contrato.

El contrato de servicios autorizado se divide en 9 lotes, uno por Confederación Hidrográfica intercomunitaria y contempla, por un lado, la recopilación de información general de más de 1000 presas o balsas, la inspección visual de más de 800 y la elaboración de informes detallados sobre 500 de estas infraestructuras. Asimismo, se contempla la revisión de los documentos de seguridad (Clasificación, Normas de Explotación, Revisión de Seguridad y Plan de Emergencia) y de los informes de explotación que emitan los concesionarios sobre las infraestructuras.

Para la ejecución de los trabajos se ha establecido un plazo de duración de 30 meses, prorrogables hasta 30 meses adicionales.