Las recientes propuestas de la UE para la transición hacia la nueva PAC contemplan que 2021 sea un año puente para los Programas de Desarrollo Rural que financia el FEADER. Se ha asignado a cada país una cantidad para ese año, que podrá ser usada para prorrogar los PDR actuales (que de otro modo acabarían en 2020) o para iniciar los nuevos planes estratégicos.

España tendría 1.001 millones de euros, lo que confirma el recorte del 15%, si se compara con la dotación del período 2014-2020. Aunque estas cifras están todavía sin aprobar definitivamente, ya se están barajando diversas opciones para su reparto entre los 18 PDR españoles (uno por región más el PDR nacional que gestiona el Ministerio).

La primera opción sería mantener los mismos porcentajes que para los PDR actuales, es decir, una fórmula mixta en la que se mezcló el peso histórico de cada región (en 2007-2013) con un reparto objetivo basado en datos socioeconómicos, corregido para que ninguna Comunidad Autónoma perdiera más de un 10%.

También se contempla prescindir de los «derechos históricos» de las Comunidades Autónomas, que son el fruto de situaciones y decisiones pretéritas, y hacer un reparto nuevo, basado en indicadores de desarrollo rural, con dos variantes:

– una segunda opción que retomaría la fórmula que la UE denominó de integración, y que sirvió parcialmente para el reparto del FEADER entre Estados miembros en 2014-2020, que consideraba la superficie y el empleo agrarios, la renta per cápita, las zonas con limitaciones naturales, etc.

– una tercera opción que sacaría del congelador la Ley 45/2007, utilizando los porcentajes de reparto que se aprobaron durante su prolongada e inacabada puesta en marcha. Es el llamado «indice de ruralidad» que integra una batería de criterios (tanto datos estadísticos como de zonificación), y que se recoge en la página 49796 del BOE nº 142 de 11 de junio de 2010.

El resultado de las tres opciones se recoge en el cuadro. No se ha incluido en el reparto al PDR nacional, que en 2014-2020 recibió 237,8 millones de euros, porque es el más retrasado en ejecución (al final del tercer trimestre de 2019 solo había consumido un 25% de los fondos del septenio), habiendo sido señalado por la UE como uno de los programas en riesgo de pérdida de fondos por demoras en la gestión.