La Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección de los Servicios Jurídicos, ha presentado las alegaciones en defensa de la constitucionalidad de la última modificación efectuada en marzo de este año en la Ley de Caza de la Comunidad de Castilla y León. El Defensor del Pueblo presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la dicha modificación de la Ley de Caza autonómica, que pone en riesgo la práctica de esta actividad en un futuro próximo .
En la alegaciones presentadas por la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León se recoge que es muy importante conservar la fauna silvestre, pero también es necesario compatibilizarla con la preservación de otros intereses generales que garantiza la práctica de la caza, una caza siempre desarrollada de forma legal, responsable y segura.
Desde el punto de vista ecológico, la caza ayuda a regular la abundancia de ejemplares de determinadas especies que sería perjudicial para otras especies protegidas. Es conveniente remarcar que, caso de no desarrollarse actividad cinegética alguna, se producirá el incremento constante, expansivo y colonizador de especies como el ciervo, el corzo, el jabalí, el zorro o el conejo, que suponen un serio hándicap de supervivencia para especies protegidas como el urogallo, el oso pardo o el lince.
Desde el punto de vista humano, para comprender la importancia de la caza en Castilla y León basta con recordar que este deporte es practicado por más de 125.000 cazadores, y que lo realizan sobre unos 5.500 cotos privados de caza.
La modificación de la Ley de Caza fue apoyada por la mayoría de los grupos parlamentarios presentes en las Cortes de Castilla y León y de todo signo político -PP, PSOE y Ciudadanos-, y sin ningún voto en contra.
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