Tras conocerse los datos anuales de ejecución del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, se confirma que nuestra Comunidad Autónoma sigue mostrando datos a nivel de los mejores a escala nacional, con la mayor cifra de fondos de ejecución acumulada hasta el 31 de diciembre de 2018. Castilla y León lleva ejecutados a esa fecha 598 millones de euros, muy superior a la ejecución de comunidades autónomas con un nivel programático asimilable a la nuestra, como son Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha o Galicia. Situándose también al nivel de los mejores en cuanto a porcentaje de desarrollo respecto de los fondos globales presupuestados, con un 33,06 % ejecutado, cifras que comparativamente con las mencionadas son únicamente inferiores a Galicia, que lleva un 38,38%  de ejecución acumulada.

En este sentido, y en comparación con lo realizado a nivel nacional, no cabe otra cosa que reconocer el buen grado de implicación y trabajo desarrollado tanto a nivel de dirección como a nivel técnico por parte de los responsables del programa en la consejería de Agricultura y Ganadería.

Ahora bien, no obstante lo anterior, teniendo presente la ejecución llevada a cabo hasta el 31 de diciembre de 2018, COAG muestra su preocupación por ese  casi 67% aún pendiente de ejecutar para todo el período 2014-2020; un 64,5% pendiente si consideramos la ejecución acumulada hasta el mes de mayo de 2019. Debemos tener en cuenta que la programación de desarrollo rural abarca un período “ordinario” de ejecución de siete años, desde el 2014 hasta el 2020 ambos incluidos, restando por tanto tan solo año y medio para la finalización de dicho plazo.

En base a lo anterior, no se concibe la total ejecución de los fondos presupuestos sin hacer uso de la regla “n+3”, que permite ejecutar con cargo a los fondos presupuestados hasta el 2023 inclusive. Y en este sentido, COAG reivindica de la Administración Autonómica el mayor esfuerzo por conseguir que la ejecución se ajuste al máximo posible a la finalización del período ordinario, es decir, que se agoten los recursos disponibles en fecha lo más próxima a 2020 y lo más alejada de 2023.

Por consonancia, desde COAG consideramos que la ejecución del segundo pilar debería avanzar al mismo tiempo que el primer pilar, no en vano existen medidas de ambos pilares que por sus similares características son complementarias y otras incluso incompatibles en su desarrollo a un mismo tiempo, y de producirse un solape entre lo presupuestado con cargo al actual marco financiero 2014-2020 y el nuevo período 2021-2027, ambas programaciones podrían complicarse considerablemente.