Una importante representación de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos Andalucía se reunió ayer con Carmen Crespo, tras su reciente nombramiento como consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Este encuentro, primera toma de contacto, ha servido para trasladarle a Crespo cuáles son las prioridades de UPA-A para mejorar la vida y el trabajo de los agricultores y ganaderos andaluces. La agricultura familiar, la nueva PAC y la lucha por obtener precios justos en origen para los productores, son algunos de los principales retos de la organización agraria.

Al mismo tiempo, UPA Andalucía también demanda a la nueva Consejería el mantenimiento de un diálogo cercano y compromiso permanentes para que, en esta nueva andadura política, se puedan asumir los desafíos a los que tiene que hacer frente el sector agrario, recordando que las tres organizaciones agrarias son las únicas interlocutoras reconocidas y que, por lo tanto, son ellas las representantes legítimas de los agricultores y ganaderos andaluces.

Una de las principales prioridades que seguirá defendiendo UPA Andalucía, y que es una de las banderas de la organización, es la agricultura familiar. UPA Andalucía reivindica la apuesta y el impulso decidido por este modelo de agricultura y ganadería. Un modelo que representa más del 80% de los agricultores y ganaderos andaluces, un modelo más social y sostenible, que mantiene vivo el medio rural creando riqueza y fijando la población al territorio, y que preserva el medio ambiente.

La organización agraria también reivindica a la necesidad de retomar marcos legislativos de gran relevancia, como la Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, que ya quedó consensuada en la anterior legislatura a falta solo de aprobación por el Parlamento Andaluz para su publicación en BOJA. Esta norma, tan necesaria para el sector agrario en Andalucía, pretende impulsar una agricultura moderna, competitiva y sostenible y, entre sus principales preceptos, está el de dar mayor protagonismo a mujeres y jóvenes, dinamizar el mercado de tierras o equilibrar las injusticias que se dan en la cadena agroalimentaria. 

Pero si hay que destacar una Política en la que Andalucía se juega la continuidad y sostenibilidad del sector agrario, esa es la PAC. Por ello instamos al Gobierno andaluz al mantenimiento del pacto suscrito por todos los agentes implicados para defender la mejor reforma posible para nuestra región, de cara al periodo 2021-27.

En líneas generales, desde UPA defendemos una PAC con un presupuesto fuerte y que sea netamente agraria. Que apueste por los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, y su modelo de agricultura familiar; que reconozca el papel de las mujeres incluyendo perspectiva de género; y que facilite la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria. Todo ello en un marco donde se pongan techos a las ayudas, pagos decrecientes, pagos redistributivos, etc., y donde también se busque la regulación de los mercados y la sostenibilidad rural y medioambiental. En definitiva, es una hoja de ruta encaminada a lograr una PAC más social, más justa y de futuro.

Otra de las prioridades de la organización es resolver uno de los grandes inconvenientes con los que se encuentra el sector productor agrario y que es su incapacidad para la negociación colectiva y la necesidad de eliminar las desigualdades existentes a lo largo de la cadena de valor. Por ello, la organización reclama que se vertebren medidas y ayudas que fomenten la concentración de la oferta en el sector primario para ganar dimensión y fuerza en la conformación de los precios frente a la industria y la comercialización.

El regadío, en relación al conjunto de la agricultura de la Comunidad Autónoma, representa la parte más productiva y generadora de empleo. La superficie regable en Andalucía, en la actualidad, supone en torno a un 25 % de la actividad cultivada.

Es necesario establecer formas eficaces de gestionar un recurso tan escaso como el agua, dando lugar a un ahorro de energía y de agua, que ayude a paliar el déficit de las Cuencas. Y que todo ello revierta en explotaciones agrícolas y ganaderas más eficientes.

Es necesaria una planificación hidrológica en todo el territorio andaluz, que debe tener entre sus ejes prioritarios: la mejora de las infraestructuras existentes, la redistribución de los recursos, la utilización de aguas regeneradas y desaladas. También el fomento del ahorro en el uso del agua y la ampliación de regadíos sostenibles, que suponga desarrollar una gestión eficaz y socialmente justa en el uso del agua. Se debe reforzar el control público del uso y de la calidad del agua y potenciar la participación y la corresponsabilidad de los regantes.

Rechazamos el mercado del agua a través de los contratos de cesión de derechos de uso del agua, ya que en la asignación de recursos no deben primar criterios de mercado sino sobre todo criterios sociales y de uso del territorio. Frente a ello se deben fomentar los “bancos públicos del agua”, de tal manera que sirvan de instrumentos para reasignar el agua con criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad.