El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha autorizado la celebración del contrato de servicios para desarrollar los programas de seguimiento del estado de las aguas continentales y el control adicional de las zonas protegidas en las Confederaciones Hidrográficas del Ebro, Guadalquivir y Tajo, por un valor global estimado de 40 millones de euros.

Los programas de seguimiento se centrarán en el control y vigilancia de las masas de agua (ríos, lagos, embalses y aguas subterráneas) e incluyen la toma de muestras, la medición de elementos de calidad biológica (invertebrados, peces, fitoplancton) y físico-químicos (nitratos, contaminantes, etc.), así como los parámetros para el control de las zonas protegidas.

Estos programas  son una herramienta básica para la gestión de las aguas, ya que proporcionan la información necesaria para evaluar la efectividad de las medidas adoptadas y el grado de cumplimiento de los objetivos marcados. Asimismo, son esenciales para vigilar la calidad de los recursos hidráulicos destinados a diversos  usos, en particular al abastecimiento.

En el desarrollo de estos programas, se invertirán, en concreto, 14,5 millones en la Confederación Hidrográfica del Ebro; 13 millones en la Confederación Hidrográfica del  Guadalquivir y 12,5 millones en la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Esta inversión del Ministerio para la Transición Ecológica, a ejecutar durante los próximos ejercicios, dará una respuesta efectiva a las obligaciones impuestas por la legislación europea en materia de calidad de las aguas, al garantizar la gestión ambiental de las demarcaciones hidrográficas así como la eficacia de la planificación hidrológica y la mejora del estado de las masas de agua.

La información obtenida de los programas de seguimiento se incorporará al sistema de información sobre el estado y calidad de las aguas continentales, denominado NABIA, así como al sistema de información propio de cada confederación hidrográfica.

La ejecución de estos programas se enmarca en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.