La campaña de la vendimia transcurre en la Comunitat Valenciana con unos precios ruinosos para los productores, inferiores en un 20% a los de la pasada, y que ocasionarían unas pérdidas según un primer estudio elaborado por LA UNIÓ de Llauradors de unos 25 millones de euros que serían superiores según la evolución de los precios hasta el final de la campaña.
LA UNIÓ señala que un supuesto pacto entre los principales industriales del sector puede estar detrás de esta situación, pues las cotizaciones no se fijaron hasta la publicación de las tablillas a la baja por parte primero de la Bodega Félix Solís y después calcándolas de Vinartis del grupo García Carrión. Las bodegas valencianas han seguido posteriormente la misma tendencia negativa.
Estas prácticas vulneran sin duda la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria, que obliga a que antes de que se recepcione el producto en la bodega se tiene que haber firmado el correspondiente contrato, especificando el precio, calidad, calendario de pagos etc. Y también la Ley de Defensa de la Competencia, que establece que no puede haber acuerdo en la imposición de precios, ni se permite el abuso de la posición de dominio. Pese a ello, año tras año, las empresas más fuertes del sector vitivinícola imponen casi siempre la Ley del más fuerte.
Los antecedentes de esta campaña no hacían presagiar este desastre. La mala cosecha del año pasado, la existencia mínima de vino en las bodegas (se habla de 3,3 Mhl de vino menos en España, la cantidad más baja de la última década) y el incremento de las exportaciones eran argumentos suficientes para que no se produjera la situación actual.
LA UNIÓ solicitará a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, que actúe de oficio e investigue estas posibles prácticas fraudulentas y en su caso endurezca las sanciones con el objetivo de que no se repitan año tras año.
Luis Javier Navarro, miembro de la comisión ejecutiva de LA UNIÓ, indica que «no entendemos los precios ruinosos que nos quieren pagar pues no se ajustan de ninguna manera a las circunstancias del mercado y producción actuales, con existencias en bodegas y cooperativas casi nulas, y unas exportaciones en aumento; lo que pone de manifiesto que los beneficios no repercuten en los viticultores». En este sentido, Navarro reclama a Conselleria y Ministerio de Agricultura a que «no concedan ni un euro de subvenciones públicas a aquellas industrias que arruinan a los productores de la Comunitat con unos precios indignos».
La vendimia de este año había vuelto en las zonas productoras de nuestro territorio, tras unos años de adelanto, a las fechas habituales de recolección de épocas anteriores. Se preveía una cosecha de una cantidad un poco mayor de los 300 millones de kg, prácticamente la misma producción que la campaña 2017-2018. La calidad de la uva es, hasta la fecha, realmente óptima y de momento no existen problemas fitosanitarios relevantes.
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