El objetivo declarado de la iniciativa ciudadana propuesta es que se impongan declaraciones obligatorias de origen para todos los productos alimentarios a fin de prevenir el fraude, proteger la salud pública y garantizar el derecho de los consumidores a la información.

La decisión de la Comisión de registrar la iniciativa solo afecta a la admisibilidad jurídica de la propuesta. La Comisión no ha analizado el fondo en esta fase.

El registro de esta Iniciativa tendrá lugar el 2 de octubre de 2018, con lo que dará comienzo un proceso de recogida de firmas de apoyo por parte de sus organizadores, que durará un año. En el caso de que la iniciativa reciba un millón de declaraciones de apoyo en el plazo de un año, procedentes de al menos siete Estados miembros diferentes, la Comisión deberá pronunciarse en un plazo de tres meses. La Comisión podrá decidir dar curso o no a la solicitud, pero en ambos casos deberá justificar su decisión.

Este tipo de iniciativas se puso en marcha por el  Tratado de Lisboa en abril de 2012.