El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones para implantar instalaciones de refrigeración basadas en tecnologías alternativas a los gases fluorados de alto potencial de calentamiento atmosférico en establecimientos dedicados a la distribución comercial. Se trata de ayudas directas por un total de 1,5 millones de euros, cuya financiación se hará con cargo al Plan de Impulso al Medio Ambiente PIMA Frío, que se nutre de ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión.

Este Real Decreto establece las bases para la concesión de estas ayudas cuyo fin es sustituir las instalaciones de refrigeración por otras basadas en el uso de gases de bajo o nulo potencial de calentamiento (PCA) en el caso de establecimientos ya existentes de distribución comercial de alimentos, o implantarlas en el caso de establecimientos nuevos. Las bases exigen también medidas eficientes para el cierre de muebles frigoríficos con puertas.

Con estas ayudas se pretende impulsar la incorporación de sistemas eficientes y medioambientalmente sostenibles en el sector, adelantándose así a las futuras restricciones europeas. La prohibición de los gases fluorados de alto potencial de calentamiento entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2022, tal y como recoge el Reglamento nº 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014. España presenta unas condiciones especiales por su clima cálido que obliga a la implantación de técnicas más costosas, pero esto representa también una oportunidad para las empresas de posicionarse en tecnologías punteras.

Esta prohibición va a implicar un  esfuerzo en la reconversión de las instalaciones de refrigeración de supermercados e hipermercados en España. Se estima que de las 5.000 instalaciones de refrigeración comercial en España, poco más de 100 instalaciones tienen centrales frigoríficas que cumplen con esta prohibición, es decir, sólo el 2% del total. No obstante, hay que aclarar que la prohibición sólo afecta a las instalaciones de refrigeración nuevas y no a las instalaciones existentes que podrán seguir funcionando hasta el fin de su vida útil, así como instalaciones de refrigeración comercial de formato pequeño.

Las emisiones de gases fluorados de efecto invernadero fueron de aproximadamente 8,2 millones de toneladas de CO₂ equivalente en el año 2017, lo que representa el 2% del total de las emisiones, según el Avance del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Se estima que la cuarta parte de estas emisiones se producen en el sector de la refrigeración comercial por fugas de los gases fluorados. Hay que destacar que las emisiones derivadas del uso de estos gases disminuyeron un 17,2% en 2017 (dato provisional) con respecto al año anterior, consecuencia del efecto del impuesto sobre su uso.

Retos en materia de cambio climático y energía

Esta medida ayudará a la necesaria transición que España debe abordar con urgencia para cumplir los retos en materia de cambio climático y energía. En el reparto de los esfuerzos realizados por los Estados miembro para 2020, España debe reducir sus emisiones difusas en un 10% con respecto a 2005, y ya existe un nuevo compromiso por parte de la Unión Europea para el periodo 2021-2030, en el que nuestro país deberá reducir sus emisiones difusas al menos en un 26% con respecto a 2005.

El nuevo marco europeo 2030 duplica el esfuerzo de reducciones de GEI frente a los compromisos para 2020 y triplica el esfuerzo en los sectores difusos. Los objetivos a largo plazo para 2050 apuntan a reducciones en el entorno del 90%.