El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, con la aprobación previa del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, ha aprobado un Real Decreto por el que se crea y regula la Comisión Interministerial para el Cambio Climático y la Transición Energética. Mediante este real decreto se actualiza la existente Comisión Interministerial de Cambio Climático con el fin de dotarla de una mayor proyección, que se justifica por la relevancia económica, ambiental y social de esta materia.

A la Comisión Interministerial para el Cambio Climático y la Transición Energética, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica, le corresponden las funciones de seguimiento y propuestas que sirvan de base a la toma de decisiones relacionadas con el cambio climático y la energía, con el fin de lograr el mejor tratamiento de las políticas públicas en esta materia.

La Comisión la preside la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y actuará como vicepresidenta la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Estará integrada por vocales de cada uno de los departamentos ministeriales del Gobierno, entre ellos los secretarios de Estado de Medio Ambiente y de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica.

Entre las funciones de la Comisión está el impulso y la coordinación de las actuaciones de los órganos concernidos de la Administración General del Estado para la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la estrategia para la descarbonización de la economía a 2050 y la de transición justa. Asimismo, deberá informar a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de las propuestas que puedan tener repercusiones económicas relevantes.

Cuando la Comisión Interministerial considere que resulta conveniente para el cumplimiento de sus funciones, podrá invitarse a participar en las reuniones a representantes de otros departamentos, organismos, asociaciones y organizaciones empresariales y sindicales y cualesquiera otras asociaciones y entidades, así como expertos y representantes de la sociedad civil. Igualmente, podrá invitarse a representantes de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla en función de los temas a tratar.