Ante el malestar generado en el sector ganadero y forestal por la tardía, enrevesada y decepcionante orden de prevención de incendios de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (medida 8.3.1.) el secretario general de ASAJA-Sevilla, Eduardo Martín, ha anunciado que esta organización agraria ha elevado una queja formal a la Comisión Europea en la que denuncia las barreras y los obstáculos que la Consejería de Medio Ambiente incluye en esta orden y que impiden que el sector privado en general y el de la dehesa en particular puedan acceder a estas ayudas públicas cofinanciadas por la Unión Europea para prevenir los incendios en el monte y en la dehesa de Andalucía.

La orden de ayudas a la prevención de incendios, que llevaba seis años sin convocarse, cuenta con un presupuesto de 14,5 millones de euros y es una de las ayudas básicas con las que hasta ahora contaban los propietarios de monte y de dehesa para realizar cortafuegos y otras medidas básicas para prevenir los incendios forestales y evitar su propagación. Esta línea de ayudas, cuya convocatoria se abrió el pasado 11 de julio, establece una serie de requisitos de difícil o imposible aplicación para el sector privado y especialmente para la dehesa, puesto que la orden impide la ejecución de las actuaciones con medios propios, lo que obliga a contratar a una empresa externa pese a que la explotación que solicite la ayuda cuente con maquinaria y personal capacitado para la ejecución de este tipo de trabajos; en el caso en que se solicite la medida de pastoreo controlado, esta no podrá hacerse con el ganado de la explotación, sino que habrá que introducir ganado procedente de otra; además, en el caso de las ayudas a los cortafuegos, se descuenta la superficie de estos de la superficie a considerar para activar el pago básico de la PAC y por último, la orden obliga al titular de la explotación a presentar, junto a la solicitud de la ayuda, una memoria elaborada por un gabinete técnico competente en la materia como requisito previo a la solicitud.

Tal y como aclaró el secretario general de ASAJA-Sevilla, Eduardo Martín, “después de seis años esperando, los agricultores y ganaderos se encuentran ante una normativa mucho más compleja, que les impide usar medios propios, que tiene unos costes previos (derivados de la obligación de presentar una memoria técnica) claramente desincentivadores, y que para colmo se solapa con las ayudas de la PAC perjudicando a las explotaciones ganaderas que perciben el pago básico, todo un desastre que parece orquestado para que sólo soliciten las ayudas las entidades públicas”.