ASAJA de Castilla y León no comparte las tesis de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, de establecer las bases de cotización a la Seguridad Social de los autónomos en función de sus beneficios reales, y pide que el sector agroganadero, por su especificidad, pueda seguir eligiendo libremente la base de cotización a efectos del pago de las cuotas y cálculo de la futura pensión. ASAJA aconseja a los agricultores y ganaderos que hagan un esfuerzo en las cotizaciones para poder disfrutar de pensiones más elevadas al llegar a la edad de jubilación o ante una incapacidad laboral, pero considera que ese esfuerzo lo deben de decidir los interesados en función de su situación profesional y personal, y que no se debe de imponer con una norma.

ASAJA considera que el modelo de cotización a la Seguridad Social del sector agrario, encuadrado dentro del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y particularmente en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, responde a las necesidades del sector, está funcionando correctamente, surgió de un amplio consenso social con un gobierno del PSOE, y no precisa de revisión alguna en estos momentos. Además, ASAJA le recuerda a la ministra la dificultad de cotizar, dentro del sector agrario, en función de los beneficios reales, pues la mayoría de los profesionales declaran sus ingresos por el sistema de “módulos”, lo que se hace una vez al año al declarar para el  Impuesto de la Renta  y no de forma trimestral. Por otra parte, los ingresos en el sector son sumamente irregulares, por lo que los beneficios de un año no presuponen que vayan a mantenerse en lo sucesivo.

Con unos  mercados con precios a la baja en las mercancías agrarias, el encarecimiento de los costes de producción y la reducción de los apoyos de la PAC, la renta agraria se resiente cada año, y se agravaría todavía más si se produce un incremento de la presión fiscal o las cotizaciones sociales.

Según los últimos datos oficiales, a mayo de 2018, los cotizantes del sector agrario que podrían verse afectados en España por la medida anunciada por la ministra serían los 266.572 cotizantes en ese régimen y sistema por su actividad agraria, de los que el 15,2% estarían en Castilla y León, 40.412 autónomos.