La subsecretaria de Agricultura, Pesca y Alimentación y presidenta de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), María Ocaña,  y el presidente de la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de  los Seguros Agrarios Combinados (AGROSEGURO), Ignacio Machetti,  firmaron ayer un Convenio para la ejecución de los planes de seguros agrarios en el ejercicio presupuestario 2018.

Este Convenio se suscribe cada año para establecer las bases de colaboración entre ENESA, organismo autónomo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, responsable del Sistema de Seguros Agrarios Combinados, cuya principal función es la de conceder la subvención a la contratación de las pólizas de seguros agrarios, y AGROSEGURO, que engloba a las entidades aseguradoras responsables de la administración y gestión de las pólizas del Seguro Agrario.

Para favorecer el acceso de los agricultores al Sistema de Seguros Agrarios, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de ENESA, concede una subvención en el momento de la suscripción del Seguro Agrario, que es descontada del coste de la póliza, lo que requiere que la Entidad liquide con posterioridad a AGROSEGURO las subvenciones concedidas por la Administración General del Estado.

Además de regular el pago a AGROSEGURO, el Convenio constituye el marco jurídico para el intercambio de información necesaria para ambas partes. De este modo quedan establecidos los procedimientos de elaboración y suscripción de los seguros agrarios combinados y la información y documentación a aportar por parte de AGROSEGURO, necesaria para que ENESA desarrolle adecuadamente su función de control y coordinación del Sistema. Con la firma de este Convenio se da continuidad, un año más, al Sistema de Seguros Agrarios Combinados como partenariado público-privado.

A lo largo de casi 40 años de existencia, el Sistema de Seguros Agrarios se ha convertido en un pilar fundamental de la política agraria de nuestro país. Este sistema permite al sector agrario disponer de una herramienta eficaz para el mantenimiento de las rentas y de la viabilidad económica de las explotaciones, ante la ocurrencia de los siniestros que escapan del control de los productores, como son, por ejemplo, los provocados por eventos climáticos adversos.