La consejera de Medio Ambiente y Rural de la Junta de Extremadura,  Begoña García ha firmado junto a las organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias el documento de postura común que enviará Extremadura para la próxima reforma de la PAC que rechaza cualquier recorte en el presupuesto general de la PAC para poder garantizar la renta de los profesionales agrarios. La posición común extremeña gira en torno a tres ejes claros e íntimamente ligados sobre los que debe articularse la reforma de la nueva PAC: creación de empleo, lucha contra el despoblamiento y combatir frente al cambio climático.

El documento reza que la renta de los agricultores debe estar garantizada ya que, a pesar de haber sido un objetivo histórico de la PAC sigue sin converger con el resto de sectores productivos y no se entendería que suba el presupuesto de la Unión Europea y baje el de la PAC.  Extremadura cree necesaria la regulación europea de la figura del agricultor activo y de la exigencia de una agricultura productiva para la percepción de cualquier ayuda agraria. Asimismo, en la reforma de la PAC debería  aplicarse una modulación de las ayudas agrarias condicionando las mismas al empleo y el sostenimiento de producciones compatibles con la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.

Por otro lado, el documento apunta que Europa necesita una política de mantenimiento de rentas de los agricultores basado en sistemas de protección y regulación de mercados estables y efectivos. La PAC debe garantizar una política de desarrollo rural basada en una economía verde, circular y con criterios sociales. La lucha contra el despoblamiento de las zonas rurales debe de hacerse de forma integral y combinada con otras políticas públicas que pongan freno a este problema social y medioambiental. Otro asunto que aborda el documento, se centre en priorizar el relevo generacional impidiendo colocar obstáculos que dificulten la transmisión de las explotaciones en condiciones favorables para los jóvenes. Además, Extremadura luchará para que la PAC garantice unos alimentos sanos y seguros a los consumidores e impida una nacionalización que sólo pondría en riesgo aún más el proyecto de construcción europeo.