El Código reconoce la necesidad de otorgar al que origina los datos (los ha creado y/o recopilado por medios técnicos o por sí mismo o los ha encargado a proveedores de datos para este fin) un papel principal en el control del acceso y uso de datos de su negocio y en el beneficio de compartir esos datos con cualquier socio que desee utilizarlos. Las directrices subrayan que el derecho a determinar quién puede acceder y usar los datos se atribuye al originador de los datos. En la práctica esto significa que, por ejemplo, los derechos sobre los datos producidos en la granja o durante las operaciones agrícolas se atribuyen al agricultor y pueden ser utilizados exclusivamente por él.