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Aragón y Castilla La Mancha consensúan una posición comun sobre la PAC  que priorice al agricultor profesional

22/03/2018

El Consejero de Agricultura de Castilla-La Macha, Francisco Martínez Arroyo y el Consejero de Desarrollo Rural de Aragón, Joaquín Olona, firmaron ayer  en Almagro un protocolo que apuesta por una PAC que mejore la renta de los agricultores, contribuyendo a la lucha contra la despoblación. El protocolo será enviado hoy al Ministerio de Agricultura y al resto de Comunidades Autónomas con el ánimo de impulsar un debate nacional.

El objeto del presente protocolo es recoger la posición compartida por los gobiernos de Aragón y Castilla-La Mancha en lo que debe ser la futura reforma de la Política Agraria Comunitaria, de cara a la defensa de los intereses que para sus respectivos territorios representa una adecuada aplicación de los mismos en sede de negociación europea por parte de las autoridades del Estado.

 

Este modelo de agricultura que defienden ambos consejeros supone poner el foco en los siguientes principios:

Supervivencia del modelo de agricultura familiar en coexistencia con otros modelos de carácter profesional.Dado que no todas las explotaciones necesitan similar nivel de apoyo, han de aplicarse sistemas degresivos o ayudas redistributivas en los pagos directos, con la finalidad de avanzar en el objetivo de la equiparación de la renta de los agricultores con respecto al resto de los ciudadanos aumentando, sobre todo, las bajas rentas y protegiendo las de quienes más dependen de la agricultura y la ganadería contribuyendo con ello, más y mejor, a su mejora y sostenibilidad económica, social y ambiental.

Relevo generacional,que debe ser uno de los pilares de la política agraria, intensificando las medidas actuales e introduciendo otras medidas novedosas que mejoren el actual sistema de formación agraria y asesoramiento, potenciando la incorporación de jóvenes al sector.

Dimensión social de la agricultura, prestando mayor atención a las condiciones laborales del cada vez mayor número de trabajadores agrarios por cuenta ajena, vinculando las ayudas otorgadas al empleo generado, luchando así contra la economía sumergida. Asimismo, se ha de fomentar una ambiciosa política de integración de las mujeres y de la igualdad de género en el medio rural.

Lucha contra la despoblación, en la que juega un papel determinante el modelo familiar de explotación agraria por su estrecha vinculación al territorio así como la generación y mantenimiento de empleo agrario al que también pueden y deben contribuir otros modelos productivos.

Protección del Medio Ambiente. Es ineludible el papel de la agricultura en la lucha y adaptación al cambio climático, la preservación de los suelos, la calidad de las aguas, la biodiversidad, la emisión de gases de efecto invernadero, o la conservación de paisajes. Se ha de compatibilizar el cuidado del medio ambiente con la rentabilidad de las explotaciones, desempeñando la investigación en este contexto un importante papel en el desarrollo de nuevas técnicas medioambientalmente respetuosas. En este sentido, la formación y concienciación de los agricultores de la relación entre medio ambiente, clima y agricultura contribuirá a la sostenibilidad del medio rural y a la legitimación social de la financiación pública de la PAC.

Seguridad y calidad alimentaria,cuyo elevado estándar ya logrado representa una de las principales fortalezas del sistema agroalimentario nacional en el mercado interno y global.

Dieta mediterránea,que formando parte del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad incorpora valores saludables directamente relacionados con muchas de nuestras principales producciones nacionales (frutas y hortalizas, aceite de oliva, vino, legumbres y proteaginosas, etc.) que deben alcanzar un mayor reconocimiento y apoyo en el contexto europeo.

Fortalecimiento de la posición del agricultor y ganadero en la cadena alimentaria, afrontando la elevada volatilidad en los precios agrarios, que enocasiones pone en peligro su supervivencia. Es necesaria una normativa coordinada anivel nacional y comunitario, así como políticas de fomento del asociacionismo que reequilibren la cadena agroalimentaria.

Atención al consumidor y contribuyente,siendo imprescindible potenciar las acciones de información y concienciación sobre la importancia y el valor de las explotaciones agrarias, que proporcionan alimentos seguros y de calidad a precios asequibles y, al mismo tiempo, aseguran la pervivencia del medio rural y el medio ambiente. Los agricultores necesitan el aporte financiero de la PAC para llevar a cabo estas importantes tareas que el mercado no les retribuye en su totalidad a través de la cesta de la compra, para obtener una rentabilidad digna.

Asimismo, con el fin de supervisar las actuaciones a desarrollar y resolver cualquier cuestión que durante el desarrollo del protocolo pueda surgir, se creará una Comisión de Seguimiento formada por dos representantes de cada una de las entidades firmantes. La duración del protocolo es de 4 años.

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