La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) manifiesta que la decisión de prohibir de manera indefinida la quema de restos agrícolas, adoptada por la conselleria de Agricultura de la Comunidad Valenciana, genera graves problemas para la adecuada gestión de las explotaciones y pide a los responsables del citado departamento de la Generalitat que reconsideren la medida y apliquen criterios más flexibles que permitan hacer compatible la prevención de incendios y los imprescindibles trabajos de poda que deben llevar a cabo los agricultores.

Es precisamente ahora cuando los agricultores se encuentran inmersos en pleno período de poda en cultivos como los frutales, el viñedo, el olivar o el almendro y la imposibilidad de poder deshacerse de los residuos del arbolado, debido a la prohibición ya aludida, supone una enorme complicación puesto que muchos cultivadores no disponen de otra alternativa que recurrir a las quemas.

La dirección general de Prevención de Incendios Forestales de la conselleria de Agricultura justifica la decisión que ha tomado, tal como indica literalmente en la resolución publicada hace unos días, «en la ausencia acumulada de precipitaciones, acompañada de temperaturas excepcionalmente altas y entradas sucesivas de vientos terrales que generan una elevada disponibilidad para arder la vegetación», un riesgo que les lleva a establecer «un nuevo período de restricción de quemas con carácter indefinido».

El presidente de AVA-ASAJA apunta al respecto que «los agricultores también somos conscientes de las condiciones climáticas que tenemos y de la necesidad de actuar con la máxima prudencia en un tema tan sensible y peligroso», pero al mismo tiempo señala que «tampoco es razonable dejar a los agricultores con las manos atadas justo en el momento en el que tienen que realizar la poda y necesitan deshacerse de los restos de la misma».

Por tanto, lo que se demanda desde AVA-ASAJA a la conselleria de Agricultura y Medio Ambiente es la búsqueda de fórmulas más flexibles y menos restrictivas que deberían diseñarse y aplicarse en función de las características orográficas de cada zona y de la situación climática que acontezca en los días en los que se pretenda realizar la quema de restos de poda y rastrojos, de tal manera que la decisión final se adopte en función del análisis previo de tales variables. De hecho, y hasta el establecimiento de esta prohibición con carácter indefinido por parte de la dirección general de Prevención de Incendios Forestales, los agricultores siempre han solicitado el preceptivo permiso a los ayuntamientos de los términos municipales donde tengan ubicadas sus parcelas para que autorizasen las quemas en el momento más idóneo.

«Somos plenamente conscientes -afirma Cristóbal Aguado- de las consecuencias catastróficas que entraña un incendio y de la necesidad de extremar las precauciones, pero tampoco hay que perder de vista que si se obliga con esta medida a que los agricultores acumulen en sus explotaciones los restos de poda, éstas se convertirán en un auténtico polvorín de cara a los próximos meses y cuando el riesgo de incendio sea aún mayor. Creo que debemos hablar y encontrar entre todos una salida más razonable porque no es bueno que decisiones de tanto alcance y con tantas implicaciones se tomen en caliente y después del lamentable incendio que asoló hace unos días la Marjal dels Moros, en Sagunto».