ASAJA de León insta a la Junta de Castilla y León a que se pronuncie de forma formal y definitiva sobre el porcentaje de daños que sufrió la agricultura de regadío en la provincia de León en la campaña 2017 que está finalizando. Ese pronunciamiento es imprescindible para que la Confederación Hidrográfica del Duero aplique la exención en el pago de la tarifa de utilización del agua y el canon de regulación, como establece el artículo 2 del Real Decreto Ley 10/2017, de nueve de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía. Esta medida entraba en vigor si la dotación de agua era inferior al cincuenta por ciento de la normal – circunstancia que en las zonas regables de la provincia de León no se produjo-, o bien si las pérdidas de producción brutas en los cultivos superaban el 20 por ciento en zonas desfavorecidas o el 30 por ciento en el resto de las zonas.

Ha de ser la consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León la que emita el preceptivo informe sobre el porcentaje de pérdidas ocasionadas en la agricultura de regadío de la provincia de León. Si el porcentaje es superior al 20 por ciento (toda la zona regable está catalogada como “zona desfavorecida”), se desencadena la aplicación del artículo 2 del Real Decreto- Ley y por lo tanto se exonera a los regantes y propietarios de tierra de pagar la tarifa de riego y el canon de regulación. Estos importes ya se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de León.

Recordar que tanto la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, como la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, llevan anunciando desde la pasada primavera ésta y otras medidas para compensar a los agricultores por los daños de la sequía, aunque desde la publicación del Real Decreto-Ley no se ha conocido ninguna gestión de ambas administraciones para su puesta en marcha efectiva.

Revisión de los módulos fiscales

ASAJA pide a su vez a la consejería de Agricultura que emita el informe sobre daños en los distintos cultivos por la sequía y heladas, para trasladarlo al ministerio de Agricultura y al ministerio de Hacienda, con el fin de revisar a la baja los módulos fiscales que se aplican al sector agroganadero. Para esto, ASAJA solicita que se elabore un informe por parte del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería y que se presente posteriormente en el Consejo Agrario Provincial.

El ministerio de Hacienda ya ha sometido a información pública el proyecto de orden que desarrolla para el año 2018 el método de estimación objetiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el régimen especial simplificado del impuesto sobre el valor añadido (IVA). No obstante, si bien es ahora el momento de proponer las reducciones que se estimen justas, en la práctica Hacienda suele publicar en abril o mayo las reducciones debidas a circunstancias climáticas o de mercado en una orden específica.