Se estima que en 2050 la población mundial podría llegar a aumentar de 7.000 a 9.000 millones de personas, lo que implicaría que la industria agrícola tendría que casi duplicar su producción para poder satisfacer esta demanda de alimentos. Esto evidencia la necesidad de buscar alternativas para mejorar la producción agrícola y pone de manifiesto lo fundamental del desarrollo de actividades de mejora de la protección de los cultivos si queremos ser capaces de poder alimentar de manera sostenible a una población en continuo crecimiento.

Si se tienen en cuenta datos oficiales de la FAO, cada año se pierde hasta el 40% de las posibles cosechas mundiales debido a insectos, malezas y enfermedades de las plantas. Lo que según la FAO podría duplicarse si no se emplean fitosanitarios u otras prácticas de protección de cultivos.

Si trasladamos esta afirmación al caso concreto de Europa, si se eliminasen los productos fitosanitarios, cultivos de alimentos básicos como el trigo, la cebada, la colza o la patata podrían ver reducida su producción de un 6% a un 40%, dependiendo del cultivo y la zona, incrementándose el precio de los alimentos y la dependencia de terceros países.

¿Por qué? Básicamente porque los productos fitosanitarios ayudan a controlar las plagas, enfermedades y malas hierbas que afectan a los cultivos y  que hacen que se pierda parte de la cosecha.

Pese a este escenario de evidente necesidad de abordar la agricultura con un enfoque integral dirigido a la mejora de la producción, ahorro de recursos naturales y de forma equilibrada con el entorno medioambiental, surgen voces acomodadas en las ciudades que abogan por un modelo agrícola que prescinda de las herramientas que hacen posible la sostenibilidad a largo plazo de la agricultura. Estas voces defienden la vuelta a las prácticas que el agricultor se veía obligado a usar siglos atrás pero con una mayor población y demanda de alimentos. Esto sólo conduciría a ser menos eficientes en la producción, a la pérdida de cosechas, a la dificultad del acceso generalizado a la alimentación y a la falta de seguridad alimentaria. Y lo que es peor, estas voces confunden a la población en base a creencias carentes de evidencia científica.

Además de una reducción considerable en la producción de alimentos básicos, la no utilización de fitosanitarios conllevaría un encarecimiento de los costes de producción y haría imposible la puesta en práctica de otros sistemas agrícolas más sostenibles como la agricultura de conservación, que está reduciendo la erosión de los suelos, ayudando a los cultivos en la adaptación al cambio climático y en la mitigación del impacto de la agricultura sobre éste.

Por supuesto, este modelo de agricultura sostenible y los agentes que la hacen posible deben contar con los parámetros de seguridad necesaria, por ello en la Unión Europea contamos con un sistema a través del cual todos los productos fitosanitarios son evaluados y autorizados en condiciones en las que no tengan efectos inaceptables sobre el medio ambiente, la salud humana o animal. Todos estos productos, antes de llegar al campo, pasan por complejos procesos de investigación, autorización y supervisión de varios años y, una vez que llegan al campo, están sometidos a constante evaluación.

En Europa contamos con un sistema, del que nos hemos dotado todos los ciudadanos a través de nuestros gobiernos, que garantiza la seguridad en los usos autorizados de los productos fitosanitarios. Un ejemplo de este riguroso control lo tenemos en el glifosato, un herbicida ampliamente empleado en la agricultura desde hace más de 40 años y que cuenta con la más amplia información toxicológica que ningún otro producto químico, generada durante décadas y en las que su seguridad ha sido continuamente revisada.

Los Estados Miembros votarán su renovación en los próximos meses, y podrán hacerlo contando con las evaluaciones realizadas por este sistema. Así, una vez más a lo largo de su existencia, el glifosato ha pasado en los últimos tiempos, nuevamente, por el control de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la Agencia Europa de Sustancias y Preparados Químicos, y las agencias propias de los Estados Miembros, como por ejemplo el Instituto Federal Alemán para la Evaluación de Riesgos (BfR) cuyas evaluaciones y clasificaciones han concluido nuevamente que el glifosato es seguro para los usos a los que está destinado. Los Estados Miembros podrán así tomar su decisión sobre la base de criterios científicos de autoridades y agencias a los que los mismos Estados han otorgado la responsabilidad de evaluar la seguridad de estos productos.

Llegamos al siglo XXI con el reto de afrontar el crecimiento de la población mundial, y no podemos hacerlo con herramientas del siglo XVIII. Tenemos que asumir este reto avanzando tecnológicamente también en la agricultura.

Sobre ALAS

Alianza para una Agricultura Sostenible (ALAS) es una agrupación de entidades del sector productor español surgida para manifestar su apoyo al modelo de agricultura productiva sosteniblemente intensificada y a la renovación de la autorización del glifosato por el periodo máximo autorizado en la reglamentación comunitaria, justificado por criterios científicos respecto a su seguridad y uso, medioambientales y criterios económicos y productivos. ALAS está integrada por las organizaciones profesionales agrarias de ámbito nacional y general ASAJA y UPA, Cooperativas Agroalimentarias de España, la Federación Española de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas (FEPEX) y la Asociación Española Agricultura de Conservación Suelos Vivos (AEAC.SV).