“La venta a pérdidas es una práctica abusiva y engañosa que perjudica a agricultores y a consumidores, y debe estar prohibida y ser perseguida”. Así de rotundos se han mostrado en la organización agraria UPA tras conocer el informe, hecho público ayer, del Abogado General de la UE, Henrik Saugmandsgaard, que considera contraria al Derecho de la UE la legislación española que prohíbe las ventas a pérdidas.

Vender productos por debajo del precio de compra es una práctica prohibida en España por la Ley de Comercio Minorista de 1996, que ha sido revisada y actualizada en varios momentos, el último en marzo de 2016. La Ley española prohíbe esta práctica dentro de la normativa que busca asegurar un buen funcionamiento de la cadena comercial, evitando prácticas engañosas, abusivas y de posición de dominio.

UPA ha considerado este informe como “muy negativo” para los agricultores y ganaderos españoles, que llevan años concienciando a los demás eslabones de la cadena de la necesidad de respetar a los productores en la cadena alimentaria, y pidiendo una aplicación correcta de esta prohibición, pues su aplicación ha sido y es desigual en función de las distintas Comunidades Autónomas.

Los agricultores se han preguntado si habrá “intereses ocultos” detrás del informe de la Abogacía general de la UE, que en su opinión “no representa a nadie”, y va en contra de las políticas de la Comisión Europea, de la postura del Parlamento Europeo y de las demandas de toda la sociedad civil, destacando a productores y consumidores.

“No se puede consentir que un organismo europeo defienda a unos pocos frente a la mayoría, y fomente el abuso en la cadena comercial”, han señalado desde UPA. “No vamos a aceptar que ahora se pongan en entredicho los avances de los últimos años en pos del reequilibrio de la cadena agroalimentaria en España y en toda Europa”, han concluido.

UPA ha anunciado que pedirá al Parlamento Europeo que si la directiva de la UE –pendiente de revisión- no es lo suficientemente firme en su prohibición de la venta a pérdidas, se reforme para que quede claro el objetivo de luchar contra estos abusos.

La Directiva 2005/29 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior debería haberse revisado en 2011. UPA plantea la necesidad de que el Gobierno emprenda una acción proactiva para modificar esta legislación e incluir dentro de las prácticas abusivas la venta a pérdidas, en consonancia con el informe de la Task Force, el grupo de alto nivel creado por la Comisión Europea para estudiar los problemas en la cadena agroalimentaria.

Por otro lado, y ante la posibilidad de que el Tribunal de la UE se alinee con las tesis del Abogado General, es preciso plantearse a nivel nacional ampliar las prácticas abusivas y prohibidas recogidas en la Ley de la Cadena Alimentaria, recogiendo como práctica prohibida la venta con pérdidas. A esta Ley, al tener por objeto el reequilibrio de la cadena y la mejora de su sostenibilidad, no es de aplicación la directiva 29/2005. Por tanto, se hace preciso promover “con urgencia” la modificación de la Ley de la Cadena. La Lorcomin, según el Abogado General, protege a los consumidores y por tanto debería respetar lo que la marca la Directiva 2005/29, mientras que la Ley de la cadena protege a los competidores, con lo que no sería de aplicación esta Directiva.