La eurodiputada socialista Clara Aguilera ha pedido garantías jurídicas para que el sector del aceite de oliva pueda llevar a cabo el “almacenamiento colectivo”, que supone retirar del mercado parte del aceite cuando hay sobreproducción. Se trata de una práctica de vital importancia para estabilizar las cantidades entre las diferentes campañas y garantizar precios razonables a los consumidores, para la que el sector sigue esperando una autorización clara de las autoridades de la Competencia.

Clara Aguilera ha planteado esta reclamación durante una comparecencia conjunta de los comisarios de Agricultura, Phil Hogan, y de la Competencia, Margrethe Vestager en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo. La comisaria Vestager se ha mostrado favorable a valorar una solución para el aceite de oliva, pero ha insistido en que para ello es necesario que el Gobierno español haga una propuesta.

“Esta medida es necesaria y urgente para el sector del aceite de oliva español. Espero que el Gobierno esté a la altura y presente una propuesta que permita el almacenamiento colectivo de aceite de oliva”, ha declarado Clara Aguilera, que es vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento.

La eurodiputada socialista ha recordado que uno de los problemas de la agricultura europea actual es el escaso margen que llega al agricultor del precio de los productos agrícolas, lo que está provocando gran impacto en la disminución de la renta agraria. “Hasta ahora han sido los Gobiernos nacionales de 23 países los que han puesto en marcha alguna iniciativa normativa de diferente nivel para atajar las prácticas comerciales desleales, ha asegurado Aguilera. La PAC, en cambio, ha ido perdiendo instrumentos de regulación de mercado, convirtiendo a los agricultores en el eslabón más débil de la cadena de suministro alimentario”.

Por este motivo, Aguilera ha solicitado de forma urgente, “un Marco legislativo comunitario de referencia para atajar las prácticas comerciales desleales con sanciones efectivas y con carácter disuasorio. Además, es necesario reforzar la transparencia en los precios de la cadena alimentaria y aclarar el alcance de las normas de la competencia respecto a la especificidad y excepción agrícola”, ha concluido.