La directora general de Agricultura de Murcia, Carmen Teodora Morales, se reunió el viernes con representantes de la Asociación de Fabricantes para la Protección de Plantas (AEPLA), con el fin de recabar opiniones sobre la futura modificación del Real Decreto de uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Los representantes de esta asociación, que aglutina a los fabricantes de productos fitosanitarios, expusieron su preocupación y la necesidad de una revisión de los aspectos legales relacionados con el uso de los estos productos en las áreas no agrícolas, especialmente en zonas deportivas y áreas urbanas.

En este sentido, la directora general señaló que “las medidas de información y de mitigación del riesgo en esta áreas no agrícolas deben extremarse para lograr una mayor información y protección de la población. A su vez estas exigencias deben complementarse con un procedimiento de autorizaciones e información más sencillo que el que existe actualmente en la legislación, que dificulta su implantación por medio de las corporaciones locales”.

Asimismo, se abordó la dificultad del proceso de registro de los productos fitosanitarios, especialmente en los denominados cultivos menores, que se desarrollan en un área muy limitada de cultivo, donde las empresas no pueden asumir los elevados costes que supone la presentación de un expediente para el registro.

Actualmente el coste del registro de un fitosanitario ronda los 200 millones de euros y dura alrededor de 5 años, dado que el doble sistema de registro (primero de la sustancia activa a nivel europeo y posteriormente del formulado en cada uno de los estados miembros donde se va a utilizar) es el más complejo y a la vez seguro de los establecidos a escala mundial.

Morales manifestó el interés de la Comunidad en “colaborar en cualquier actuación encaminada al uso seguro y sostenible de los productos fitosanitarios como herramienta básica para el desarrollo de la agricultura murciana”.