El Pleno ha rechazado la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea al Acuerdo Económico y Comercial y Global entre Canadá y la Unión Europea y sus Estado Miembros y ha aprobado/rechazado el requerimiento al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no contradicción entre este acuerdo económico y comercial y la Constitución.

Una vez rechazada la enmienda de totalidad y la petición de requerimiento al Constitucional, la autorización al Gobierno para que ratifique este acuerdo continúa su tramitación parlamentaria, prevista en la Constitución y en el Reglamento del Congreso.

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, ha pedido el respaldo del Pleno a la firma de este acuerdo, y ha expresado su rechazo a la petición presentada por portavoz Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Irene Montero y 70 diputados de su grupo parlamentario y de Compromís de pedir que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su constitucionalidad antes de su ratificación.

Este procedimiento, previsto en la Constitución y regulado en el artículo 157.2 del Reglamento de Congreso de los Diputados en el artículo 157.1, permite a iniciativa de dos Grupos Parlamentarios o una quinta parte de los Diputados, acordar dirigir al Tribunal Constitucional el requerimiento previsto en el artículo 95.2 de la Constitución que afirma que el Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no contradicción.

Al no aprobarse el requerimiento, la tramitación del Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea y los estados miembros no ha quedado suspendido hasta que el Tribunal Constitucional expresara su criterio favorable a la constitucionalidad de las estipulaciones contenidas en aquel según el artículo 157.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados.

El Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea pide que se rechace la autorización del Congreso a la ratificación del acuerdo porque entiende, tal y como expone en su enmienda de totalidad que «los capítulos 8 y 26 del Acuerdo violan en grado sumo preceptos fundamentales del orden constitucional establecido, además de suponer cesiones notables en materia de soberanía popular, que sólo merecen el rechazo por parte de esta Cámara».

En la propuesta de planteamiento de requerimiento, los autores del texto destacan que no se incluyeron en el conjunto de los documentos remitidos a las Cortes Generales el Instrumento Interpretativo conjunto sobre el Acuerdo y las Declaraciones para el acta del Consejo. Estos textos, señalan, deben entenderse como anexos y complementarios al Tratado, en el sentido que indica el artículo 17 de la Ley de Tratados y Acuerdos Internacionales.

Además, la propuesta de planteamiento de requerimiento solicita que se examine la contradicción entre los artículos 9.3, 14 6 25 de la CE interpretados a la luz del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el capítulo 8 del CETA. Los diputados preguntan al Tribunal Constitucional si hay contradicción entre el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y el principio de seguridad jurídica consagrados en el artículo 9.3 de la Constitución Española.

Piden también que el Tribunal Constitucional valore si el contenido del CETA implica una forma de cesión de ejercicio de competencias derivadas de la Constitución, ya que el Acuerdo prevé la existencia de una estructura institucional dotada de funciones y, en su regulación de la «solución de diferencias», incluye un Panel arbitral con atribuciones que podrían conllevar la renuncia al ejercicio de funciones jurisdiccionales.