Las ayudas directas de la PAC, las vinculadas a derechos históricos y pagos desacoplados por superficie -es decir, que se perciben con independencia de lo que se produzca o incluso aunque no se produzca nada, ascendieron en España (2016) a 4.171 millones €. Estas ayudas son las que corresponden al nuevo Régimen de Pago Básico, incluyendo también el Pago Verde, el Régimen de Pequeños Productores y el Complemento para Jóvenes Agricultores.

Las ayudas acopladas a determinadas producciones agrícolas y ganaderas percibidas en función de la superficie realmente cultivada (arroz, remolacha, proteaginosas, legumbres, frutos de cáscara, algarrobas y tomate industria) o del número de cabezas de ganado realmente gestionadas (vacas nodrizas, vacuno de cebo, vacuno de leche, ovino y caprino) ascendieron a 570 millones € durante 2016.

Durante 2016 también se destinaron 645 millones € a sectores específicos tales como el hortofrutícola (234 millones €), el vitivinícola (216 M€), algodón (65 millones €) y otros bajo diferentes y variadas modalidades de ayuda.

Las Islas Canarias recibieron (2016) la cantidad de 267 millones € a través de un programa específico (POSEICAN) que atiende a sus condiciones especiales.

Las ayudas arriba descritas configuran el llamado Primer Pilar de la PAC cuyo importe total ascendió en 2016, para el conjunto de España, a 5.653 millones € procedentes en su totalidad del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).

El llamado Segundo Pilar de la PAC destinado al desarrollo rural, cuenta con un importe medio anual estimado de ayuda pública de 1.879 millones € para el periodo 2014-2020, en este caso cofinanciado por el Fondo europeo agrícola de desarrollo rural (Feader), la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. Esta ayuda se articula en Programas de Desarrollo Rural, uno por Comunidad Autónoma y otro nacional), que incluyen un amplio y variado conjunto de medidas que contemplan subvenciones a la inversión en activos físicos de diferente naturaleza o a la incorporación de jóvenes agricultores, compensaciones por limitaciones naturales o por llevar a cabo acciones de interés ambiental o climático, apoyo a la formación, el asesoramiento y la transferencia de conocimientos, fomento de la agricultura ecológica o de la calidad agroalimentaria, apoyo a la gestión forestal, aplicación del método Leader para diversificación y mejora de la economía rural y otras.

Así, la PAC supone en España un apoyo público financiero total anual del orden de 7.500 millones €, en su mayor parte procedente de fondos europeos (FEAGA y Feader) y que se distribuyen a través de un sistema de ayudas extraordinariamente complejo, de difícil comprensión y todavía más difícil gestión y evaluación. Estas dificultades y complejidad hacen que, por ejemplo, una pregunta tan sencilla como es ¿quiénes son los beneficiarios de la PAC? resulte muy difícil de contestar.

Si nos centramos en la principal componente de la PAC, es decir en los 4.171 millones € que configuran la ayuda vinculada a derechos históricos y pagos por superficie desacoplados de la producción, nos encontramos, para el conjunto de España, con un colectivo de unos 800.000 beneficiarios. Sobre su caracterización socioeconómica se sabe muy poco: elevado grado de envejecimiento (más del 40% superan los 65 años), enorme heterogeneidad y poco más. En el caso de Aragón, con algo más de 45.000 beneficiarios, el cruce de los datos del PAC con la declaración del IRPF ha mostrado que, básicamente, se trata de un colectivo muy poco vinculado a la actividad agraria ya que el 71% de los beneficiarios declaran una renta agraria que tan sólo supone el 9% de su renta total. Esto cuestiona la eficacia de la ayuda. También ha podido comprobarse que cuanto mayor es la renta agraria, mayor es el importe de la ayuda recibida. Esto cuestiona la equidad. No obstante, también ha podido constatarse que cuanto mayor es el nivel de renta agraria, mayor es el nivel de profesionalidad agraria, siempre que se admita que dicha profesionalidad es tanto mayor cuanto mayor peso tiene la renta agraria en la renta total.

Por otro lado existen muchos agricultores y ganaderos, como son los fruticultores, los cunicultores, los avicultores, los porcinocultores y otros que, estando sometidos a las mismas incertidumbres, están completamente excluidos de unos pagos directos que, aunque no la tienen en cuenta, se aplican con el propósito de compensar la renta.

No puede decirse, por tanto, que todos los agricultores se beneficien de la PAC, al menos no en la misma medida, ni que todos los beneficiarios puedan considerarse propiamente agricultores, al menos no con la profesionalidad razonablemente requerida.