La Comisión está cumpliendo la promesa realizada por el presidente Juncker en su Discurso sobre el Estado de la Unión de septiembre de 2016, en el transcurso del cual declaró lo siguiente: «no es justo que, cuando los países de la UE no logran ponerse de acuerdo sobre si se debe prohibir el uso del glifosato en los herbicidas, el Parlamento y el Consejo obliguen a la Comisión a tomar una decisión. Así que cambiaremos esas normas.»

Este paquete de cuatro modificaciones específicas aumentará la transparencia de las posiciones adoptadas por los Estados miembros, permitirá una mayor orientación política y garantizará una rendición de cuentas reforzada en el proceso de toma de decisiones. La cuatro medidas propuestas son las siguientes:

– Modificar las normas de votación en la última fase del procedimiento de comitología (el comité de apelación), de manera que solo se tengan en cuenta los votos a favor o en contra de un acto; de ese modo se reducirá el recurso a la abstención y se limitarán las situaciones en las que el comité es incapaz de adoptar una posición y la Comisión se ve obligada a actuar sin disponer de un mandato claro de los Estados miembros;

-Implicar a los ministros nacionales, autorizando a la Comisión a efectuar una segunda remisión al comité de apelación a nivel ministerial, en caso de que los expertos nacionales no adopten una posición; así se garantizará que las decisiones sensibles se discuten al nivel político adecuado;

– Dotar de mayor transparencia a las votaciones en el comité de apelación, mediante la revelación del voto de los representantes de los Estados miembros;

– Garantizar una contribución de carácter político, al permitir a la Comisión remitir el asunto al Consejo de Ministros para que este emita un dictamen, en caso de que el comité de apelación no sea capaz de adoptar una posición.

El sistema de comitología funciona correctamente respecto de la mayoría de las decisiones. Sin embargo, en una serie de casos registrados en los últimos años, de carácter sensible y muy mediáticos, los Estados miembros no han sido capaces de lograr las mayorías necesarias para votar a favor o en contra de determinados proyectos de actos, situación que se ha calificado de «ausencia de dictamen». En tales situaciones, la responsabilidad de adoptar una decisión definitiva recae sobre la Comisión, lo que obliga a la adopción de decisiones sin un respaldo político claro de los Estados miembros. En 2015 y 2016, la Comisión se vio jurídicamente obligada a adoptar 17 actos relacionados con la autorización de productos y sustancias sensibles como el glifosato o los organismos modificados genéticamente (OMG), pese a que los Estados miembros no fueron capaces de adoptar una posición a favor o en contra de tales decisiones.

La presente propuesta se anunció como una de las nuevas iniciativas clave del Programa de Trabajo de la Comisión para 2017. Ahora se transmitirá al Parlamento Europeo y al Consejo. Fuente: Comisión Europea