La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) Ciudad Real ha mostrado su rechazo al inicio de los trabajos de deslinde por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en el margen izquierdo de este río, en el término municipal de Daimiel.
El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó el pasado mes de mayo que la Confederación basaba su decisión en el cumplimiento de la Ley de Aguas y señalaba que se tomaba por la “detección de presiones” sobre las márgenes de este tramo de río, motivadas fundamentalmente por actividades agrarias.
La recuperación de estos terrenos por parte de la CHG afecta a 62 agricultores y ganaderos de Daimiel y Villarrubia de los Ojos y a unas 460 hectáreas de cereales, hortícolas y, en menor medida, viñedo, así como a naves agropecuarias, casetas y pozos de riego.
Jesús Pozuelo, miembro de la Junta Directiva de ASAJA Ciudad Real, defiende que la titularidad pública de estas fincas está reconocida en el catastro, en algunos casos, desde hace más de 150 años. Por ello, recrimina a la Confederación que haya ignorado la documentación presentada en las alegaciones. Pozuelo afirma que no se trata de una expropiación sino de ignorar unas escrituras.
Desde ASAJA Ciudad Real remarcan que se trata de tierras de cultivo explotadas desde hace muchos años, como así consta en el Registro de la Propiedad.
Tal es así, indican desde la organización, que hay naves construidas con licencias de obras expedidas por los ayuntamientos, pozos legalizados por la propia Confederación Hidrográfica del Guadiana, terrenos adscritos al programa de humedales con el visto bueno del Organismo Autónomo de Parques Nacionales y hasta agricultores con ayudas aprobadas por la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha y que perciben la Política Agraria Común (PAC) por al cumplir todos los requisitos exigidos.
El representante de ASAJA lamenta que a estos agricultores y ganaderos lícitamente propietarios de sus tierras se les está tratando como a “okupas”, cuando tienen sus terrenos debidamente inscritos.
Los representantes de ASAJA consideran que hay formas de delimitar el dominio público, pero dudan de la validez del proyecto realizado por la CHG, ya que se observan multitud de errores en su elaboración, pues no se han tenido en cuenta datos fehacientes y hechos que se han ido produciendo a lo largo de los años.
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