El Consejo de Ministros aprobó el viernes, a propuesta del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

El Texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación mejora la calidad normativa y la seguridad jurídica en la materia, al incorporar en un único texto legal, la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, así como las diversas normas con rango legal que la han modificado desde su aprobación en 2002. De esta forma, se regulariza, aclara y armoniza su contenido, lo que redundará en la mejora de su aplicación y en la configuración de un ordenamiento más accesible, actualizado y de calidad.

Esta norma refunde las diversas normas vigentes que inciden en el principio de prevención y control de la contaminación generada por las más de 6.000 instalaciones existentes actualmente en España a las que son de aplicación.

Para ello, se supedita la puesta en marcha de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación, a la obtención de una Autorización Ambiental Integrada, que debe concederse de forma coordinada cuando, en el procedimiento, intervengan varias autoridades competentes.

En este permiso, se fijan las condiciones ambientales que se exigen para la explotación de las instalaciones y, entre otros aspectos, se especifican los valores límite de emisión de sustancias contaminantes al aire, al agua y la gestión de los residuos, así como la protección del suelo, que se basarán en las mejores técnicas disponibles en el ámbito europeo.

REDUCIR EMISIONES

El principio de prevención en el funcionamiento de las instalaciones industriales más contaminantes se estableció con la aprobación de la Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación.

En esta Directiva, se establecieron medidas para evitar, o al menos reducir, las emisiones de estas actividades en la atmósfera, el agua y el suelo, incluidos los residuos, con el fin de alcanzar un nivel elevado de protección del medio ambiente en su conjunto. Esta Directiva fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación (Ley IPPC).

Con el mismo principio integrador, la Directiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales, deroga la anterior directiva y trata de incorporar las conclusiones de la “Estrategia temática sobre la contaminación atmosférica”, la “Estrategia temática sobre la prevención y reciclado de residuos”, y la “Estrategia temática sobre la protección del suelo”, lo que dio lugar a la modificación de la normativa española en vigor, para su transposición, con el objetivo de responder a la necesidad de obtener mejoras de la salud pública y ambientales asegurando, al mismo tiempo, la rentabilidad, y fomentando la innovación técnica. Fuente: Mapama