La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en su reunión del miércoles 14 de Diciembre, aprobó con los votos a favor de todos los grupos políticos, salvo la abstención del PP, la PNL sobre compra pública de alimentos con criterios sociales y medioambientales presentada por el Grupo Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea,

Se trata de un importante paso en la regulación en todo el Estado de otro modelo de compra pública de alimentos que se apoye sobre criterios sociales, ambientales y que favorezca la producción de alimentos locales y saludables.

La Administración pública es el principal consumidor de alimentos del Estado. Destina entre 2.000– 3.000 millones de euros a las compras alimentarias, destinadas especialmente a la llamada “restauración colectiva y social” vinculada al sector de la educación y de la salud pública, así como, en menor medida, prisiones, residencias de ancianos y otros lugares públicos. Esta cifra, para ponerla en relación con otros datos, corresponde al 0,3% del PIB, a un 40% del presupuesto del Ministerio de Agricultura o a un tercio aproximadamente de toda la PAC que recibe el estado español cada año.

Sin embargo, dentro del total de compra pública alimentaria en el estado español, tan solo el 7,9% se hace con criterios verdes situándonos a la cola de los países de la Unión Europea en los cuales, el porcentaje se sitúa en torno al 18%. Además, en estos últimos años se ha producido sin duda un proceso de concentración también en las empresas que optan a la contratación pública en claro perjuicio de los pequeños y medianos productores, y es que en España, las 10 empresas de catering más grandes tienen una cuota de mercado del 53,16%.

La alternativa frente a este modelo dominante ha sido impulsada con mucho tesón desde hace años por numerosas organizaciones sociales. Organizaciones agrarias, asociaciones ecologistas, grupos de consumidores, asociaciones de padres y madres y otros colectivos llevan tiempo poniendo en marcha experiencias y proyectos de otro modelo de alimentación en las escuelas, centros sociales y otros espacios públicos. Tenemos miles de experiencias de este tipo. Se han desarrollado diversas campañas en este sentido , y se han elaborado estudios e investigaciones concluyentes para desvelar el proceso de concentración que se estaba produciendo en los servicios de alimentación contratados desde las administraciones públicas, así como del deterioro de la calidad en los alimentos. Estas campañas dieron sus resultados, y poco a poco desde algunas Comunidades Autónomas se impulsaron proyectos pilotos que se han consolidado como es el caso de Canarias, o el recientemente impulsado desde el Gobierno Foral de Navarra. En el último año, Podemos, y el resto de formaciones políticas aliadas han presentado y logrado aprobar Proposiciones No de Ley en este mismo sentido en prácticamente todos los Parlamentos Autonómicos. Sin embargo, era necesario presentar una propuesta en el mismo sentido en el Congreso de los Diputados por la influencia que tiene la Legislación del Estado sobre Contratos Públicos.

El espaldarazo definitivo ha venido de la Unión Europea que a través de la Directiva 2014/24/UE reafirmó la consideración de que la contratación pública desempeña un papel clave en la Estrategia Europa 2020. La directiva parte de la necesidad de modernizar las normas vigentes sobre contratación pública a través de garantizar seguridad jurídica, incrementar la eficiencia en el gasto público, facilitar la participación de las PYMES en los concursos e incentivar a los poderes adjudicadores a utilizar este procedimiento como motor de apoyo a las políticas sociales coherentes con los objetivos comunes de la Unión Europea y recomienda a los poderes adjudicadores que a la hora de decantarse por la mejor oferta del concurso sitúen el centro de atención el llamado criterio verde y no únicamente los costes básicos de producción y márgenes respectivos.

Pero además en España existe un Plan de Contratación Pública Verde aprobado por Orden Ministerial en el año 2008, y que paradójicamente, dejaba fuera la compra alimentaria. Es precisamente en este punto donde se centra la primera de las proposiciones aprobadas, instando al Gobierno a desarrollar Plan específico de compra pública alimentaria verde.

No obstante, era necesario dar otro paso más muy importante, y que consiste en modificar la Ley de Contratos del Sector Público. El texto refundido de la ley actual de 14 de noviembre de 2011 va a ser sustituido por otro nuevo, por lo tanto tenemos una oportunidad excepcional. Existe ya un Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, introducido por el Gobierno a trámite en las Cortes y que será discutido en los próximos meses. Este proyecto precisamente pretende incluir los contenidos de las Directivas Comunitarias, pero de nuevo, y tras una primera lectura, vuelve a olvidar la compra alimentaria.

Por ello, la segunda de las proposiciones aprobadas declara que el Congreso de los Diputados acuerda desarrollar e incluir en el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, criterios sociales y ambientales en la contratación pública alimentaria e incluir los aspectos que garanticen el cumplimiento de los objetivos recogidos en las Directivas Comunitarias y en el Plan de Compra Pública Verde, así como establecer las condiciones jurídicas adecuadas para garantizar la posibilidad de participación de los pequeños y medianos productores y operadores artesanales y ecológicos en los sistemas de compra pública.

En los próximos meses el conjunto de organizaciones interesadas, deberemos trabajar para que este compromiso se haga efectivo y la futura ley desarrolle de manera completa los criterios para cambiar el modelo de contratación pública alimentaria y favorecer así el modelo de producción social, sostenible y familiar de alimentos.