ASAJA CLM ha trasladado en el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) celebrado ayer en Toledo su posicionamiento en contra del último borrador del plan de gestión de las Zonas de Especial Protección para las Aves Esteparias (ZEPA) tal como acordó el Comité Ejecutivo Regional el pasado 15 de noviembre en Ciudad Real.

El secretario general de ASAJA CLM, José María Fresneda, ha señalado que el borrador “no conjuga el desarrollo social, económico y ambiental que marca el sentir de las directivas que constituyen la base de Red Natura 2000” y que la clave está en “no limitar más la agricultura en una región donde los bajos rendimientos de los cultivos y la ausencia de agua ya suponen importantes restricciones”.

Fresneda ha explicado que “se ha avanzado en las negociaciones desde el primer borrador”, al que calificaron de un “atentado contra el sector” en la rueda de prensa que ofreció la organización el pasado 21 de julio. No obstante, la última propuesta “tampoco contempla un texto que garantice la seguridad jurídica en el sector agrícola para acabar con la incertidumbre, que es lo que persiguen las aportaciones realizadas por ASAJA CLM y que encontraron el apoyo del resto de las organizaciones agrarias y Cooperativas Agroalimentarias de la región durante la reunión mantenida el 28 de julio con las Direcciones Generales de Agricultura y Ganadería y Política Forestal y Espacios Naturales”.

Las alegaciones de ASAJA CLM también “han sido arropadas por el conjunto de la sociedad”, e incluso, “muchos ayuntamientos, independientemente del color político que representan, han aprobado mociones que respaldan nuestras aportaciones. Ni si quiera los ecologistas están de acuerdo en que salga adelante un texto sin el consenso de todos y que garantice el futuro de la sociedad y la economía de las zonas rurales”, ha resaltado el secretario general.

ASAJA de Castilla-La Mancha ha criticado también la falta de datos y estudios que muestren el panorama real del campo, “las demandas de los agricultores y las perspectivas de crecimiento ZEPA a ZEPA, en vez de aplicar unos porcentajes que limitan el uso de las tierras y que prohíben a los pueblos aumentar en un determinado número de hectáreas los cultivos leñosos, condenando a las explotaciones de los agricultores con cultivos poco o nada rentables”.

Por último, y sabiendo que el CAMA no es vinculante con la decisión final que adopte el Gobierno regional, la organización agraria se ha mostrado abierta a seguir negociando con rigurosa profesionalidad hasta el último momento y ha pedido “que se aplique el sentido común y no se quieran imponer limitaciones que no exigen ni las propias leyes europeas y nacionales”.