La Coordinadora de
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera una ventaja la
continuidad de Isabel García Tejerina al frente de Ministerio de Agricultura,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente porque su conocimiento de la realidad del
sector debería servir para acelerar y afrontar con garantías las mejoras que
necesita el modelo social y profesional de agricultura en nuestro país. En ese
sentido, desde COAG se considera prioritario a corto y medio plazo:

–         
La renovación de
la actual Ley 19/95 de Modernización de Explotaciones a través del
Estatuto de la Agricultura Social y Profesional. Se ha conseguido
uno de los principales objetivos de la Ley 19/95, como es el incremento de la
dimensión económica de las explotaciones agrarias, tanto a través del incremento
de superficie como de la productividad, pero, desgraciadamente, se ha fracasado
a la hora de mejorar la viabilidad económica de las mismas y por tanto la renta
de los agricultores y ganaderos.

–         
El creciente
envejecimiento del sector agrario evidencia la urgencia y necesidad de una
ambiciosa política de relevo generacional en el conjunto del Estado. En ese
sentido, desde COAG se estima necesario priorizar la medida de apoyo a la
instalación de agricultores jóvenes y mujeres en los nuevos Programas de
Desarrollo Rural 2014-2020 que tienen que aplicar las CC.AA,  facilitar el
acceso a la tierra, una Formación Profesional continua, adaptada y de calidad
para los agricultores/as jóvenes, o el establecimiento de beneficios fiscales y
de cotización a la Seguridad Social, entre otras ventajas.

–         

Reequilibrio  de la Cadena Alimentaria.
Ante las políticas orientadas a la desregulación generalizada, es necesario
reforzar la regulación de la columna vertebral del mercado alimentario, de la
cadena agroalimentaria. “La cadena debe ser rentable y sostenible en su
conjunto, para lo cual hay que acabar con el abuso de posición de dominio y que
el valor creado se reparta de manera justa y equilibrada entre todos los
operadores, asegurando unos precios rentables para los productores y asequibles
para los consumidores”, ha puntualizado Miguel Blanco, Secretario general de
COAG. En ese sentido, desde COAG se  propone mejoras de la Ley de Cadena
Alimentaria, tales como el aumento y optimización de los recursos de la Agencia
de Información y Control Alimentarios (AICA), la extensión de los contratos
obligatorios al conjunto de las operaciones en la cadena, la introducción de la
“venta a pérdidas” como práctica comercial abusiva sancionable, la ampliación de
la figura del mediador y la prohibición de las campañas de promoción basadas en
el regalo de alimentos básicos (productos primarios o productos envasados como
leche o aceite de oliva) para no inducir a error sobre el precio y valor real de
dichos productos.

–         

Además, se hace imprescindible emprender una serie de actuaciones para
revertir la continuada y grave pérdida de renta de los agricultores y
ganaderos en los últimos años (-16% en última década), especialmente en lo que
concierne a los costes de producción cuya tendencia al alza (+39%
desde 2003) ha comprimido la rentabilidad del sector. En ese
sentido, desde COAG se propone, entre otras, medidas de tipo fiscal,
tales como el
incremento del IVA
compensatorio al sector ganadero equiparándolo a la agricultura. En relación
a los costes de la factura eléctrica, la implantación de un contrato
específico y adaptado a las características del consumo en el sector agrario. En
el caso de los regadíos es imprescindible adaptar un contrato de temporada que
se adecúe a las características de esta actividad y sea realmente operativo para
los regantes.

–         
Asimismo, es
necesaria la creación del Observatorio de costes y mercados de insumos
para aumentar la vigilancia de los oligopolios que controlan los
insumos del sector: energía, fertilizantes, piensos, semillas, etc. y evitar
así la especulación y los costes injustificadamente elevados para los
agricultores y ganaderos.

–         
Proceso de
negociaciones de la nueva PAC 2020.
El
Ministerio de Agricultura debe trabajar en Bruselas por una nueva orientación de
la Política Agraria Común más social y profesional, que acabe con “verdeos” de
escaparate y priorice los apoyos a los verdaderos profesionales agrarios, que
trabajan directamente en su explotación y generan desarrollo económico y
bienestar social en el medio rural.

–         
Rechazo
al  Acuerdo Trasatlántico  de  Comercio  e  Inversión  entre  la  UE  y  EEUU (TTIP).
El TTIP es una amenaza para el modelo europeo de agricultura y alimentación,
basado en la calidad, la sostenibilidad y la diversidad. Al plantear un cambio
del marco regulatorio europeo en aspectos tan sensibles como la seguridad
alimentaria, las denominaciones de calidad o las normas medioambientales, los
agricultores europeos lo entendemos inasumible. COAG planteará a que se someta a
votación en el Congreso, para que todos los partidos se posicionen claramente
ante el mismo.

–         
Por su parte, el
seguro agrario debe ser una estrategia fundamental de
mantenimiento de rentas ante el entorno económico actual tan volátil y por el
esperable aumento de los riesgos para la agricultura ocasionado por los efectos
del cambio climático. En ese sentido, se reclama un incremento de la partida
presupuestaria estatal destinada al seguro agrario al menos hasta los
niveles de 2007-2011, para reducir el coste de las pólizas y contribuir a la
universalización del seguro.

–         
En estos
momentos, el sector agrario también está viviendo el inicio de un proceso que
llevará a la introducción masiva de las nuevas tecnologías en la
producción primaria (TICs, big data, posicionamiento,..). Las
explotaciones agrarias deben prepararse para una irrupción tecnológica nunca
vista y ello nos preocupa tres aspectos críticos: el relevo generacional, la
privacidad y uso de los datos de las explotaciones y la formación del capital
humano. Fuente: COAG