Unió de Pagesos reitera todo su apoyo a la iniciativa de la cooperativa de segundo grado Fruits de Ponent de llevar la Comisión Europea ante los tribunales por no haber gestionado y regulado mejor las situaciones de crisis de precios en el sector de la fruta dulce que se comenzaron a producir hace dos años como consecuencia del veto ruso a las importaciones de la Unión Europea (UE). El sindicato ya hizo público su apoyo a la iniciativa de Fruits de Ponent a comienzos del 2015.

Unió de Pagesos considera que en los últimos dos años la Comisión Europea ha hecho dejación de sus funciones, ya que sólo actuó cuando Rusia anunció el veto a los productos europeos, y además, lo hizo con retraso. Por otra parte, la Comisión Europea ni siquiera ha considerado la posibilidad de declarar una perturbación del mercado en el sector de la fruta dulce por causas ajenas al veto ruso, teniendo en cuenta que la crisis de precios del melocotón y la nectarina del 2014 se inició meses antes de anunciarse el veto de Rusia.

El sindicato constata la falta de voluntad de la Comisión Europea a la hora de utilizar todos los recursos de la nueva Organización Común de Mercados (OCM) de productos agrarios renovada en 2013, y por la que se introdujeron nuevos mecanismos para ayudar a paliar el sector productor las situaciones de crisis de precios. Incluso se negó a aplicar medidas que no tienen ningún coste económico ni afectan el presupuesto de la Unión Europea, como levantar las normas de competencia a los acuerdos que puedan llegar las organizaciones de productores y sus asociaciones en materia de retiradas de producto del mercado o distribución gratuita, transformación y procesado, promoción, requisitos de calidad o planificación temporal de la producción.

Unió de Pagesos también denuncia la falta de apoyo del Ministerio de Agricultura a la hora de defender los intereses de los fruticultores ante la Comisión Europea, cuando España es el primer productor y exportador de melocotón y nectarina de la UE, y espera que tanto la organismo europeo como el ejecutivo estatal rectifiquen su actitud, en beneficio del sector productor, antes de que se los obligue al Tribunal General de la UE. Fuente: UP