Recientemente, Angélique Delahaye, eurodiputada del Partido Popular Europeo, presentaba un proyecto de informe sobre los instrumentos de la PAC para reducir la volatilidad de los precios en los mercados.

Delahaye explica que las variaciones en la producción agrícola implican que los mercados agrícolas tienen una tendencia inherente a la volatilidad, lo cual no beneficia ni a los productores (en cuanto altera las señales del mercado y confiere un carácter aleatorio a las rentas) ni a los consumidores (en la medida en que interfiere en la elección de los productos alimenticios).

Para atajar la volatilidad, surgen los instrumentos de gestión de riesgos en la agricultura, muy presentes en las políticas agrícolas, especialmente en la Farm Bill 2014 (la política agrícola de los Estados Unidos) y en la nueva PAC, que abarca el período 2014-2020.

Sin embargo, la eurodiputada exponía que los instrumentos de gestión de riesgos, que se sitúan en el segundo pilar de la PAC y se aplican facultativamente para los Estados miembros, son claramente insuficientes para limitar los efectos de la volatilidad de los precios en las rentas de los agricultores.

Por otra parte, a principios de junio, el pleno de la Eurocámara reclamaba a la Comisión Europea la puesta en marcha de un marco europeo contra las prácticas comerciales desleales en la cadena de distribución de alimentos, para garantizar ingresos justos a los productores y variedad de elección a los consumidores.

La eurodiputada y vicepresidenta de la comisión de Agricultura, Clara Aguilera denunciaba al respecto que “las prácticas desleales y el desequilibrio en la cadena de suministro alimentario son el primer obstáculo que impide a agricultores y ganaderos obtener un precio justo por sus productos”.

“Los agricultores son especialmente vulnerables a las prácticas comerciales desleales, ya que en ocasiones se ven forzados a vender a pérdida, por ejemplo cuando los supermercados les obligan a asumir las rebajas y promociones”, destacaba en un comunicado la Eurocámara.

Ante esta situación, los eurodiputados afirman que los consumidores también se ven perjudicados, ya que la oferta se reduce y también su posibilidad de acceder a productos nuevos e innovadores.

En definitiva, se mire por donde se mire, los únicos eslabones de la cadena alimentaria perjudicados son los agricultores y los consumidores. El problema, está reconocido desde la cúspide comunitaria y, al menos en los foros europeos, se plantea y se busca soluciones.

Nos alegramos por tanto de que desde la Unión Europea se luche por las prácticas comerciales desleales. En España tenemos nuestra propia Ley de cadena alimentaria, que aun siendo un referente, todavía necesita un impulso.

La Ley se aprobó en 2013 y entró en vigor en enero de 2014. A partir de ahí se crea la Agencia de Información y Control alimentarios (AICA), para vigilar su cumplimiento. El director de la AICA, José Miguel Herrero, explicaba al respecto que la ley tiene tres elementos muy importantes: “unas normas claras de lo que está permitido y lo que está prohibido en las relaciones comerciales; unas tarjetas rojas o sanciones en el caso de que haya empresas que se salten las normas; y un árbitro, que es la AICA, que puede sacar las tarjetas rojas a los operadores que se saltan las normas”.

Pero como decía el mismo Director, “por el hecho de la mera existencia de una ley en el BOE, no cambian las actitudes y las conductas de décadas o de siglos”. Así que es trabajo de todos concienciar al sector y aniquilar ese desequilibrio que se produce, fundamentalmente entre los eslabones que están más próximos al productor y los que están más próximos al consumo. Agricultores y consumidores necesitan refuerzo para dejar de ser los eslabones más débiles y conseguir por fin una armonía en toda la cadena alimentaria.